Por: Juana Carrasco Martín- Las meteduras de pata y los escándalos son tan habituales para la administración de George W. Bush, como clásico es el pastel de manzana en la cocina estadounidense.
Una vez más salta la liebre, ahora en el Departamento de Seguridad de la Patria (DHS) o de seguridad nacional, el emporio que maneja la represión, el espionaje, la vigilancia de los ciudadanos, la sui géneris lucha contra el terrorismo, y la no menos especial justicia, luego que el mandatario lo creara como parte de la actividad para mantener a Estados Unidos en una constante guerra. He aquí un par de casos...
Recién el DHS en el estado de Alabama se vio precisado a cerrar su sitio en la web, donde identificaba a «diferentes tipos de terroristas». No fueron pocos los que pusieron el grito en el cielo con la lista, porque ese departamento estadual incluyó como grupos que pudieran generar o expandir el terrorismo a congregaciones ambientalistas, abogados de los derechos de los animales, oponentes al aborto o en su favor, organizaciones de homosexuales y una buena muestra de agrupaciones antibelicistas, entre otras alineaciones ciudadanas.
Todas estaban bajo el acápite que llamaron «tema común»: terroristas; para colmo, las fuerzas policiacas las consideraron por ese motivo como «amenazas».
Es de suponer entonces el enojo de los encartados, que desbordaron a la agencia con llamadas telefónicas y correos electrónicos, según reconoció el director del departamento en Alabama, Jim Walter.
La pifia deja al descubierto una moraleja: las demostraciones pacíficas de cualquier índole y la lucha por la justicia social son consideradas actividad enemiga; la discriminación del otro sigue siendo materia de empleo diario, aun cuando Estados Unidos se jacte de ser el mayor defensor de los derechos humanos y civiles.
A nivel nacional el Departamento erró en algo que también retrata el proceder de esta administración
bushiana: el tema de los contratos que benefician a sus socios y amigos. Y en este caso salió a relucir uno de los símbolos de riqueza y poder: las limosinas.
Una pesquisa de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos ha concluido que el Departamento de Seguridad de la Patria violó regulaciones gubernamentales cuando le aseguró un contrato multimillonario a la compañía Shirlington Limousine and Transportation Inc.: 25 millones de dólares para proveer de buses y de limos al DHS.
La empresa tenía un fiador nada de fiar, el ex congresista Randy “Duke” Cunningham, quien recomendó fervorosamente a la Shirlington, diciendo que «estaba al servicio» de él y de otros miembros del Congreso, aval al parecer suficiente para que obtuviera el contrato sin competencia.
Para colmo, la transacción formó parte de un programa conocido como HUBZone, que supuestamente estaba diseñado para ayudar a emerger a pequeños negocios en áreas empobrecidas.
Al final, la Shirlington de Christopher Baker, cayó en el jamo de los escándalos; el “duque” avalador fue cogido in fraganti, juzgado y sentenciado a ocho años por soborno y corrupción; ¿y quedará impune el Departamento de Seguridad de la Patria?
Resulta que entre las fechorías, otra firma contratista del Pentágono encabezada por Brent Wilkes, utilizaba los ostentosos carros de la Shirlington para proveer de prostitutas al Duke, quien en el juicio que le correspondió tuvo que admitir haber recibido 2,4 millones de dólares de sobornos en casas, yates y demás...
Se le acabaron así los paseos en limousina por Washington y otros parajes, al igual que también termina el negocio informático del DHS en Alabama. Por cierto, en el cuartel general de Washington D.C. declinaron comentar la indiscreción noticiosa de la cadena ABC News.
La telaraña los va envolviendo a todos y cada uno, por eso cierro con este comentario hecho a esa información de la ABC por un ciudadano nombrado Mike: «¿Es esta la misma limo que estuvo llevando prostitutas a la casa de Dick Cheney?».
Como en otras ocasiones, la bola pica y se extiende...
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