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| La jueza Joan Lenard |
A mi regreso este martes de un viaje a La Habana, como es costumbre, me puse a revisar la prensa que tenía acumulada para ponerme al día. Fue así que encontré un artículo del periodista Jay Weaver aparecido este mismo martes 15 de mayo, tanto en The Miami Herald como en El Nuevo Herald, titulado en este último “Jueza anula condena de cadena perpetua”. Dicho artículo trata sobre uno de los tantos hechos delictivos vinculados al tráfico de drogas, particularmente de cocaína, que hizo ola en Miami en décadas pasadas;pero me permitirá hacer una analogía o comparación que creo importante y reveladora de los desiguales estándares con que puede impartirse la justicia en los Estados Unidos y mucho más en una ciudad como Miami.
En el mencionado artículo Jay Weaver cuenta la historia de Yuby Ramírez, una ciudadana colombiana de 41 años condenada a cadena perpetua en el 2001 por el delito de “conspiración para cometer asesinato”. El objetivo de esta conspiración era eliminar a un testigo del gobierno que iba a declarar contra los narcotraficantes Willie Falcón y Sal Magluta, connotados narcotraficantes de la llamada era de los “cocaine cowboys”, condenados a largas condenas por ese delito. Todo parecía indicar que Yuby Ramírez iba a estar encerrada el resto de sus días, pero una jueza federal admitió que había sido mal asesorada por sus antiguos abogados y, acompañándose de nuevos defensores, logró hacer un trato judicial que le bajó la condena a 10 años; saliendo inmediatamente en libertad, pues al estar presa desde el 2001 el tiempo pasado en prisión le cubría la nueva sentencia. A Yuby Ramírez no solo se le probó el cargo de “conspiración para cometer asesinato”, sino que además ella misma acabó confesando su culpabilidad.
Les decía que esta historia me iba a permitir manejar una comparación, porque precisamente ese cargo de “conspirar para cometer asesinato” que se le imputó a la ciudadana colombiana Yuby Ramírez, y del que acaba de salir en libertad, es el mismo que se le imputa al luchador antiterrorista Gerardo Hernández Nordelo, y por el que se le condenó no a una sino a dos cadenas perpetuas, más quince años. Solo que a Gerardo no se le pudo probar en corte y mucho menos reconoció o confesó haber tenido algo que ver con el intento de actuar contra la vida de alguna persona.
El cargo de “conspirar para cometer asesinato” era tan insostenible en el caso de Gerardo Hernández Nordelo que la misma fiscalía, o sea el gobierno de los Estados Unidos, quiso desestimarlo porque temía que junto a él se le cayera el caso completo. Como se supo después por documentos desclasificados, el FBI monitoreaba a Gerardo Hernández desde años antes de su detención y precisamente por eso el gobierno norteamericano sabía perfectamente que Gerardo era inocente del cargo de conspirar para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate. Sabían lo que hacía Gerardo, escuchaban lo que hablaba Gerardo, así que nadie mejor que ellos mismos para saber que el cargo de “conspiración para asesinar” era improcedente en su contra. ¿Cómo fue que de todas formas esa acusación persistió contra Gerardo? ¿Cómo fue que la jueza la mantuvo aún pidiendo la fiscalía su eliminación para no quedarse con nada? Es algo que todavía nadie puede explicar.
Se suele afirmar que en el sistema judicial norteamericano los jueces pueden impartir justicia según criterio y autoridad propia. Aunque la historia está llena de ejemplos que demuestran lo contrario, cualquiera pude pensar que juezas distintas pudieron llegar también a distintas conclusiones; pero: ¿Cómo se llama la jueza que condenó a Gerardo Hernández Nordelo a dos cadenas perpetuas y quince años por supuestamente “conspirar para cometer asesinato”, sin que se hubiera probado en corte o él lo hubiera confesado? Pues esa jueza se llama Joan Lenard. ¿Y quién es la jueza que acaba de anular la cadena perpetua a Yuby Ramírez por el delito probado, declarado y confeso de “conspirar para cometer asesinato”? Pues es la jueza Joan Lenard. Es decir, la misma jueza federal en ambos casos, anula la sentencia por un lado y la multiplica por el otro.
No hacía falta otra evidencia para concluir lo que todo el mundo sabe: que el juicio en Miami contra los cinco luchadores antiterroristas cubanos fue un juicio político, parcializado por la influencia de los grupos de la derecha cubanoamericana y la presión de una prensa rendida a sus intereses. Aquí está otra prueba de los diferentes estándares con que se aplica la justicia en los Estados Unidos y, a la vez, un antecedente para que la misma jueza Joan Lenard reconsidere las injustas condenas dictadas contra nuestros cinco héroes.
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