Tomado de Cubadebate
El
próximo 30 de septiembre el Departamento de Estado espera adjudicar 4,2
millones de dólares a organizaciones que desde los Estados Unidos viven
del negocio de la subversión contra Cuba, revela hoy el periodista
Tracey Eaton en su blog Along the Malecon.
Uno de estos programas exige la creación de videojuegos que fomenten
el consenso en torno a Washington, en particular entre los jóvenes. Como
en otras partidas del gobierno norteamericano para operaciones ilegales en Cuba,
esta se concentra en inversiones destinadas a fomentar el uso de nuevas
tecnologías solo en aquellos que obedezcan al cambio de régimen que
EEUU promueve en la Isla.
He aquí un desglose de los 4,2 millones que promete el gobierno de los EEUU:
“Derechos humanos”: 1.050.000 dólares. Destinado a “mejorar la
capacidad” de los que se dedican a denunciar “violaciones” y sus fuentes
(”observadores”), especialmente para individuos que viven fuera de La
Habana.
Medios de comunicación social: $ 750.000. Equipar a activistas (los
vinculados a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana)
y otros ciudadanos con herramientas para denunciar y detectar
“violaciones de los derechos humanos y corrupción”. Trabajarán con
periodistas de investigación (en EEUU) que desarrollarán, con esta
información, historias sobre tendencias y casos.
Jóvenes y tecnología: 700.000 dólares. Involucrar a los jóvenes,
especialmente en el tema “del futuro de Cuba” a través del uso innovador
de la tecnología, incluyendo las redes sociales. Uso de los juegos de
video para promover “el compromiso cívico”.
“Libre mercado”: $ 700.000. Mantener debates sobre temas económicos para impulsar la demanda de reformas.
“Libertad de expresión”: $ 1.000.000. “Incrementar” la libertad de
pensamiento y de expresión (siguiendo la línea de Washington),
especialmente entre los artistas, poetas, músicos y escritores.
El Departamento de Estado anunció las becas en junio y acepta solicitudes hasta el 13 de julio (descarga de 15 páginas comunicado en la página oficial del Departamento de Estado).
Los funcionarios advirtieron que prefieren que los que llevan a cabo
estos programas sean hablantes nativos del español con experiencia en la
isla. Aseguran que el número de ciudadanos estadounidenses y residentes
permanentes que viajan a Cuba debe ser “limitado o excluido”
(obviamente aludiendo al precedente Alan Gross).
El Departamento de Estado afirma que puede exigir a los beneficiarios
de las subvenciones revelar quiénes en Cuba reciben el dinero o los
recursos.
(Edición y traducción: Cubadebate)
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