Como ha sido denunciado con anterioridad, durante los últimos años, la SINA ha continuado realizando actividades ilegales, que nada tienen que ver con las funciones de una misión diplomática y que consisten en promover, asesorar, instruir, entrenar, financiar y abastecer con medios y tecnologías diversas a sus mercenarios en Cuba. Diplomáticos de esa oficina incitan permanentemente a estas personas, que responden a los intereses del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba a cambio de una buena retribución monetaria, a protagonizar acciones provocadoras, desplegar campañas de manipulación sobre la realidad del país y actuar contra el orden constitucional cubano.
En su empeño por ejercer un papel rector en la tarea imposible de convertir a sus mercenarios en un movimiento creíble de oposición interna, la SINA canaliza fondos del presupuesto del Gobierno de los Estados Unidos y medios financiados por este para alimentar el negocio de la subversión interna.
En su labor de injerencia en los asuntos internos de Cuba, la SINA ha llegado al extremo de asumir tareas de capacitación, estableciendo dentro de su sede locales y centros ilegales de Internet para proveer entrenamiento e impartir cursos a personas, con el objetivo de que actúen contra los intereses del Estado cubano, en violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de las leyes cubanas y del propio acuerdo que dio origen al establecimiento de la Sección de Intereses.
En Cuba, como en muchos países, se requiere del consentimiento del Estado cubano y de la aprobación del Ministerio de Educación Superior para poder impartir programas docentes o cursos. También se necesita la autorización y una licencia de operación del Ministerio de Informática y Comunicaciones para ofrecer servicios de Internet. La SINA no cuenta con ningún permiso para dar estas prestaciones, que realiza sin la anuencia de las autoridades cubanas, por lo que son ilegales.
Resulta inaceptable y cínico que este tipo de programas que promueve la SINA, incompatibles por demás con las funciones de una misión diplomática, sean desarrollados por el país que sostiene, por ley y por decisión de su gobierno, una política de abierta hostilidad y bloqueo dirigida a doblegar y destruir a la Revolución, que, entre otros aspectos, restringe el libre intercambio educacional, cultural, académico, científico y deportivo entre los dos países e impide a Cuba conectarse a las decenas de cables submarinos que rodean la isla para poder acceder a Internet.
Existen pruebas irrebatibles de que las actividades ilegales que realiza la SINA son financiadas con fondos oficiales del gobierno norteamericano, que en sumas millonarias son adjudicados anualmente al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en virtud de la sección 109 de la Ley Helms-Burton, que tiene como objetivo explícito promover un cambio en el sistema político, económico y social de Cuba.
Estas acciones subversivas, unidas al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la persecución cada vez más feroz de las transacciones financieras cubanas y la utilización de nuevos pretextos para evadir la propuesta de sostener un diálogo serio, respetuoso y en condiciones de igualdad entre ambos países, que Cuba ha reiterado, demuestran que el actual Gobierno de los Estados Unidos no tiene la voluntad real de dejar atrás las peores políticas y prácticas de la Guerra Fría y no desiste de sus intentos por tratar de someter a nuestra nación a su dictado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia las actividades ilegales, injerencistas, ofensivas y provocadoras de la Sección de Intereses de los Estados Unidos y demanda el cese de su incitación permanente a la realización de acciones dirigidas a subvertir el orden constitucional que el pueblo cubano ha elegido legítima y soberanamente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica que Cuba no cederá terreno a la injerencia y que utilizará todos los mecanismos legales a su alcance para defender la soberanía conquistada y hacer valer el respeto al pueblo cubano y a las leyes del país.
La Habana, 1 de noviembre de 2012
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