En declaraciones a la prensa, los congresistas cubanoamericanos Ileana Ros-Lehtinen y Joe García acaban de expresar dos posiciones radicalmente distintas respecto a la Ley de Ajuste Cubano.
Aprobada en 1966, esta ley establece que las personas de origen cubano que ingresen a Estados Unidos
después del primero de enero de 1959, pueden obtener la residencia
legal al año de estancia en mismo, lo que les permite transitar el
proceso hacia la ciudadanía mucho más rápido que el resto de los
inmigrantes.
Según García, primer cubanoamericano
demócrata electo como congresista en Miami, la Ley de Ajuste ha sido el
“milagro” que ha permitido a los inmigrantes cubanos integrarse “casi
inmediatamente” a la sociedad estadounidense, por lo que apoya
decididamente su mantenimiento. Por su parte, la republicana
Ros-Lethinen, asumiendo la misma posición ya planteada por otros
representantes de su partido, propone eliminar de sus beneficios a todos
aquellos que decidan visitar su patria de origen.
“No se puede afirmar que uno puede ser
considerado perseguido por razones políticas en Cuba y, al mismo tiempo,
regresar de visita”, dice con razón Ros-Lethinen. Solo que en vez de
reconocer la evidencia de que tal persecución no existe, aspira a que el
mito se imponga, mediante medidas coercitivas.
Creo que ni la propia congresista puede
dar crédito a la legitimidad de esta propuesta y aunque todo puede
ocurrir en la política norteamericana hacia Cuba, lo
más probable es que, más que a su reforma, este debate conduzca a su
eliminación, lo que sirve igual a los intereses de la extrema derecha,
cuyo verdadero objetivo es demorar el acceso de los nuevos inmigrantes a
la política local y así restar fuerza potencial a un sector del
electorado que ha demostrado rechazarlos mayoritariamente.
Aunque con un pasado que lo vincula a la
Fundación Nacional Cubano Americana y siendo también parte de la
maquinaria que controla la vida política del enclave cubanoamericano,
García se nos presenta con una posición distinta a la extrema derecha
tradicional y en ello radica lo novedoso de su mensaje, sin importar que
para justificarse recurra al manido argumento de que lo motiva el hecho
de que no ha cambiado “la situación en Cuba”.
No se trata solo de que sea un demócrata,
otros políticos cubanoamericanos lo han sido con idéntico discurso
republicano, sino porque ganó defendiendo la agenda de flexibilizar los
contactos de los emigrados y sus descendientes con la sociedad cubana y
parece lo suficientemente inteligente para comprender el anacronismo de
posiciones que no tienen sustento en la realidad y se contradicen con
las tendencias que seguramente predominarán en el futuro político de la
comunidad cubanoamericana. Al menos, debemos darle el beneficio de la
duda a Joe García cuando nos dice: “he madurado, ha pasado mucho tiempo y
he aprendido”.
La paradoja es que, por otras razones y
con otros propósitos, finalmente la extrema derecha cubanoamericana
venga a coincidir con el gobierno cubano en la crítica a una ley, que
desde su origen mostró una intención política que trasciende el problema
migratorio y, por su contenido y funciones, no tenga paralelo en la
historia de Estados Unidos.
A ello se agrega que, con fines
desestabilizadores de la sociedad cubana, ha sido un estímulo a la
emigración ilegal, toda vez que han podido acogerse a ella los que
ingresan al territorio estadounidense por esta vía, lo que se contradice
con las normas migratorias de ese país, incluso con el propio texto de
la Ley de Ajuste, que exige calificar según las mismas.
Quizá ninguna otra construcción mediática
ha sido tan eficaz para justificar la beligerancia contra Cuba, como
esta supuesta naturaleza de “perseguidos políticos” que se achaca a la
emigración cubana. De aquí que la extrema derecha comprenda que se viene
abajo todo el andamiaje que sustenta sus posiciones, cuando se
comprueba que pueden viajar libremente para reunirse con familiares y
amigos, invertir en pequeños negocios, incluso, por qué no, “tomar
mojitos y bailar rumba” en el país de sus supuestos perseguidores.
Oportunidades que, por demás, se facilitan aún más como resultado de las reformas migratorias recientemente aprobadas en Cuba.
Al desmoronarse por su propio peso la
capacidad de manipulación política que convirtió en “exiliados
políticos” a los que evidentemente no lo son y Estados Unidos, en su
propio beneficio, asuma una postura responsable frente al ingreso ilegal
e incontrolado de inmigrantes procedentes de Cuba, no veo razones para
que el gobierno cubano se sienta amenazado por la existencia de una
ley, cuyo supuesto objetivo es brindar facilidades para el asentamiento
de las personas que arriben legalmente a ese país y, en tal sentido,
hasta pudiera servir de patrón para una política migratoria más
compasiva hacia todos los inmigrantes.
García tiene razón cuando pronostica que
será difícil defender el mantenimiento de la Ley de Ajuste Cubano, no
solo por existir algunos “que actúan contra su propia gente”, como ha
planteado, sino porque debido a las transformaciones de la comunidad
cubanoamericana y la propia sociedad cubana, ya no es funcional a los
fines subversivos que la originaron. De resultas, el debate sobre la Ley
de Ajuste constituye solo un botón de muestra de todo lo que atañe a la
política hacia Cuba.
Recientemente, en un evento académico
celebrado en Cuba con la participación de varios estudiosos
norteamericanos, una interrogante recurrente fue “lo que pierde Estados
Unidos no teniendo relaciones normales con Cuba” y de este análisis
surgió una gran lista de oportunidades, desde las posibilidades de
negocios hasta el control del narcotráfico.
Quise, sin embargo, hacer la pregunta al
revés y discutir “lo que ha ganado Estados Unidos no teniendo relaciones
normales con Cuba”. Desde mi punto de vista, no ha sido una política
insensata que ha desconocido los intereses hegemónicos de Washington,
como piensan algunos, sino que, además de crear innumerables
dificultades al proceso revolucionario, durante años logró aislar a Cuba
del resto del continente y establecer los límites del dominio
norteamericano en el área.
Evidentemente, aunque no alcanzó el
objetivo final de destruir a la Revolución cubana, le convino en su
momento, el problema es que tal política ya no es sustentable por
razones que escapan de su control y lo mismo ocurre con la política
migratoria hacia Cuba.
El dilema para la extrema derecha
cubanoamericana no se limita, por tanto, a intentar cambiar las reglas
del juego modificando una ley que ya no sirve a sus intereses, sino
preocuparse hasta que punto sus posiciones ya no son convenientes a la
política norteamericana y toda esta discusión no es más que expresión de
su propia decadencia.
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