Por Enrique Ubieta
Tomado de Granma
Tomado de Granma
Durante más de medio siglo, el gobierno de los Estados Unidos ha manipulado sus relaciones migratorias con Cuba como instrumento de presión o chantaje políticos. De una parte, la asfixia económica de un bloqueo
que en lugar de ceder se acrecienta con los años; por la otra, el
incentivo de la emigración ilegal -el nuestro es el único país del mundo
cuyos ciudadanos son aceptados y regularizados de inmediato si pisan
ilegalmente territorio estadounidense-, y su politización, al establecer
que todo emigrado cubano es un “refugiado”.
Solo crisis como las de 1980 y 1994, han obligado al gobierno vecino a
sentarse en la mesa de negociaciones, a la que ha sido invitado siempre
por Cuba. Del primer encuentro, emergió un Acuerdo de Normalización
firmado el 12 de diciembre de 1984. Entre otros aspectos, aquel esfuerzo
de concertación implicaba la devolución al país de 2 746 “excluibles”
del “éxodo” del Mariel,
que vivían en Estados Unidos y la concesión por parte de su Gobierno de
hasta 20 mil visas anuales a ciudadanos cubanos que deseaban emigrar.
Cuba cumplió sus compromisos de forma rigurosa. El Acuerdo se mantuvo
vigente durante ocho años, hasta 1994 -su letra quedó sin efecto entre
1985 y 1987, por la salida al aire de la mal llamada Radio Martí-,
pero de las 160 mil visas que, sumadas, debieron ser concedidas por los
Estados Unidos, solo se entregaron 11 mil 222, es decir, el 7% del
total posible. En contraposición, continuó la irresponsable aceptación
en territorio norteamericano de polizontes o secuestradores de naves
aéreas y marítimas.
La llamada “crisis de los balseros” de 1994 conjuga esos factores:
recrudecimiento oportunista del bloqueo económico y comercial, que
aprovecha la caída simultánea de los mercados y los proveedores
socialistas, la aceptación tácita de la emigración ilegal -que permite
el secuestro armado de embarcaciones y aeronaves-, y la no concesión de
visas para la emigración legal. Como resultado, en 1994 emigraron
ilegalmente hacia los Estados Unidos más de 30 mil personas.
La nueva crisis migratoria condujo otra vez al diálogo, y a la firma
de dos nuevos Acuerdos: el Comunicado Conjunto del 9 de septiembre de
1994, así como la Declaración Conjunta, fechada el 2 de mayo de 1995,
que instrumentalizaban las medidas convenidas. Ambos gobiernos
manifestaron nuevamente su interés en normalizar los procedimientos
migratorios y se comprometieron, de una parte, a no otorgar la
aceptación provisional a todo emigrante cubano que llegase a territorio
estadounidense por vías ilegales, y por la otra, a tratar de impedir por
medios persuasivos las salidas inseguras. Se comprometieron además a
tomar medidas efectivas que impidiesen el tráfico ilegal de personas y
el uso de la violencia en el desvío de aeronaves y embarcaciones.
El nuevo acuerdo mantuvo el coto de no menos de 20 mil visas al año,
para garantizar la migración ordenada. Las autoridades cubanas han
concedido todas las facilidades a los ciudadanos cubanos que han
recibido la visa y documentos de viaje para emigrar a los Estados
Unidos. A partir de 1995, los ciudadanos cubanos que fuesen
interceptados en alta mar por guardacostas y embarcaciones
estadounidenses serían devueltos a Cuba, y las autoridades de la Isla se
comprometían a no tomar medidas legales contra estos infractores.
También se acordó la devolución a Cuba de los emigrantes que entrasen de
manera ilegal a la Base Naval de Guantánamo.
En acciones de buena voluntad y cooperación, el gobierno cubano
autorizó la visita de fiscales, abogados e investigadores
estadounidenses para verificar la información y recoger las
declaraciones sobre casos de secuestro y operaciones de tráfico de
emigrantes.
Cuba ha tomado medidas ejemplarizantes y eficaces, sin recibir
colaboración alguna por parte del gobierno de los Estados Unidos. El
Estado cubano ha difundido artículos y reportajes en sus medios de
comunicación sobre casos de víctimas mortales del tráfico humano y la
emigración ilegal, con el objetivo de disuadir a potenciales emigrantes y
ha realizado acciones preventivas profilácticas con individuos
involucrados en salidas ilegales fallidas. Ha detenido y sancionado
además a organizadores, transportistas y guías de costa involucrados en
el negocio del tráfico de emigrantes. En los últimos cuatro años ha
endurecido su enfrentamiento. Nuestro gobierno ha arrestado a decenas de
traficantes y mantiene su disposición a entregarlos a la justicia
estadounidense, para que sean juzgados de acuerdo con las leyes de aquel
país.
Las embarcaciones de los traficantes capturados son confiscadas,
según un Decreto-Ley promulgado al efecto. El artículo 348 del Código
Penal cubano estableció la sanción de cadena perpetua para los comisores
del delito de tráfico de personas que emplearan la violencia, con
peligro o pérdidas de vidas humanas. Este aspecto del Acuerdo, de vital
importancia, fue violado en varias ocasiones por la
administración Bush,
que admitió a secuestradores y a sujetos con causas legales pendientes
en Cuba. El gobierno estadounidense no descontinuó la práctica de
otorgar la admisión provisional automática a todos los emigrantes
cubanos que arriben a su territorio por vías irregulares, ni ha devuelto
a todos los emigrantes ilegales interceptados en alta mar. Durante el
mandato republicano se concibieron y ejecutaron programas, aún vigentes,
para estimular la deserción de colaboradores y profesionales cubanos
desde terceros países.
La cifra de visas concedidas estuvo en esos años
por debajo de lo acordado. La marcha del cumplimiento de los Acuerdos
fue periódicamente revisada en 20 rondas de negociaciones conjuntas,
desde septiembre de 1994 hasta enero de 2004, en que fueron suspendidas
por decisión unilateral de los Estados Unidos. Solo a partir de la toma
de posesión en 2008 de la administración Obama, se han expedido 20 mil visas al año según lo acordado.
Tras reanudarse con el Gobierno de Obama, en julio del 2009, y
realizarse cuatro rondas, fueron canceladas nuevamente desde mediados de
2011, por decisión política unilateral del gobierno estadounidense. El
gobierno de Cuba presentó en 2009 al gobierno de los Estados Unidos un
proyecto de nuevo Acuerdo Migratorio, con la intención de eliminar las
irregularidades descritas y fortalecer la cooperación bilateral para el
enfrentamiento a la emigración ilegal y al tráfico de emigrantes. El
proyecto de Acuerdo no ha sido aceptado por el gobierno estadounidense.
Pero la manipulación política de los contactos entre los pueblos
cubano y estadounidense, no solo afecta a nuestros ciudadanos. El 16 de
enero de 1961 se estableció por el gobierno de los Estados Unidos que
todo ciudadano estadounidense que deseara viajar a Cuba tendría que
solicitar un permiso especial, medida aún vigente. Cuba eliminó el
permiso de salida para los ciudadanos cubanos, ¿cuándo los Estados
Unidos eliminarán el permiso de salida para viajar a Cuba a sus
ciudadanos?
(Tomado de Granma)
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