"Jimaguayú”, a la cercana distancia de 124 años

Por Sergio I. Rivero Carrasco

Desde el inicio de las luchas por la independencia en 1868, han sido siete las constituciones redactadas y aprobadas. Hoy  volvemos a “Jimaguayú” a la cercana distancia de 124 años, precisamente en un momento que el país continúa actualizando sus normas jurídicas después de aprobar la nueva Carta Magna el 24 de febrero del presente año. Fue la Constitución de Jimaguayú la tercera de la República de Cuba en Armas después de la de Guáimaro en 1868 y Baraguá en 1878.  Esa extensa y rica historia constitucional ha distinguido a Cuba y resalta por su valioso contenido, en cuanto a la intención de organizar con forma jurídica este país en diferentes momentos cruciales de su historia.

La Asamblea Constituyente sesionó entre el 13 y el 18 de septiembre de 1895 en el poblado  de Jimaguayú, sitio donde cayó el Mayor General del Ejército Libertador Ignacio Agramonte Loynaz en 1873,  promovida en ese lugar por la idea del Generalísimo Máximo Gómez como justo homenaje al Bayardo camagüeyano, también participante en la elaboración de la Constitución de Guáimaro. La Asamblea tuvo a su cargo la responsabilidad de constituir un Gobierno Provisional para Cuba que asumiría la conducción y destino de la Guerra necesaria, como la calificó Martí, por la independencia del colonialismo español confiando en la integridad de sus jefes militares para mantener el precepto martiano de “con todos y para el bien de todos”.

Este cónclave realizado aún bajo los efectos de la falta de unidad y del caudillismo que llevaron, entre otros, al fracaso de la Guerra Grande, estaba llamado a reorganizar el movimiento independentista, elegir el gobierno de la República en Armas y disponer de una Carta Magna que marcara los rumbos de la lucha. Para ello se presentan tres proyectos acerca de la organización del gobierno de la República en Armas: uno con la tesis de Maceo, a favor de la centralización de poderes en los jefes militares; otro influenciado por el pensamiento martiano, que defendía la separación de funciones y el otorgamiento de amplias facultades tanto para el gobierno civil como para el ejército; y una tercera propuesta, que estaba influenciada por el espíritu de Guáimaro.

Los delegados asistentes en representación de las tres zonas en guerra: Las Villas, Camagüey y Oriente, finalmente acordaron establecer un Consejo de Gobierno, con facultades legislativas y ejecutivas, y un mando militar, con un general en jefe a la cabeza, en apariencia independiente del poder civil, que no debía interceder en las operaciones militares. El 16  de septiembre se proclama la Constitución de Jimaguayú y el 18 la Asamblea Constituyente integrada por 20 miembros, eligen a Salvador Cisneros Betancourt y a Bartolomé Masó como presidente y vicepresidente del Consejo de Gobierno, en ese orden; Máximo Gómez y Antonio Maceo fueron ratificados en sus cargos de General en Jefe del Ejército Libertador y lugarteniente general, respectivamente.

La nueva Carta Magna aprobada por la Asamblea recogió los principios esenciales del independentismo cubano y reflejó  las necesidades de una guerra anticolonial, considerando que más del 80 por ciento de los participantes eran jóvenes con marcado sentimiento independentista de la Metrópolis española. Hubo consenso en que ella  tuviera una vigencia de dos años, y por ello, sesionó la Asamblea de La Yaya en 1897, lo cual sitúa a este cuerpo legislativo en un nivel más alto que Guáimaro, demostrando la necesidad de instituicionalizar un proceso revolucionario que debía extenderse hasta Occidente mediante la Invasión, y que lo hizo estimulado por las emocionantes notas del Himno Invasor, fruto de la creación de Enrique Loynaz del Castillo.

 Esta norma jurídica por su esencia, concepción, actualización y trascendencia, aunque no logró exactamente estar en correspondencia con la idea y el pensamiento  promovido por Martí antes de su muerte, constituye una importante declaración de principios y compromiso con la independencia nacional.