El fiscal general británico, Lord Peter Goldsmith, demandará oficialmente el cierre de la cárcel en la ilegal base militar estadounidense, en la bahía de Guantánamo, revela hoy el dominical The Observer.
Goldsmith, principal asesor legal del gobierno laborista del primer ministro Tony Blair, formulará el anuncio en una intervención que efectuará esta semana en el instituto Royal United Services.
La declaración del fiscal general sería la primera hecha de forma pública y oficial por el gabinete de Blair, pese a que varios de sus ministros se pronunciaron en privado por el cierre de ese centro, donde Washington mantiene recluidas a más de 500 personas.
De acuerdo con The Observer, Goldsmith afirmará que para los británicos, los tribunales militares propuestos por la Casa Blanca para los recluidos en la referida base están lejos de ofrecer las garantías suficientes para un juicio justo.
Esa institución que propuso Estados Unidos, en lugar de someter a los detenidos a juicios civiles, de ninguna forma corresponde a los estándares internacionales, considera el responsable de Justicia del Reino Unido.
Washington califica a los detenidos en la ilegal instalación bélica de "combatientes enemigos", con lo cual evita clasificarlos como prisioneros, para evadir la aplicación de convenciones de la ONU para éstos casos.
A diferencia del jefe de Gobierno británico, que sólo se atrevió a considerar como anomalía esa improvisada cárcel, donde son torturados los reos, tanto física como mentalmente, otros miembros de su gabinete opinaron que ese reclusorio debía ser clausurado.
En ese sentido, el titular del Reino Unido para asuntos de Irlanda del Norte, Peter Hein, declaró en febrero pasado que, en su opinión, era necesario poner fin al centro de detención en la base norteamericana.
Un informe de un grupo de especialistas de la Comisión de Derechos Humanos denunció recientemente las torturas y abusos cometidos por las fuerzas norteamericanas en la citada instalación y demandó su la clausura inmediata.
De su lado, el ex lord juez John Steyn, quien ahora preside el grupo de defensa de los derechos civiles Justice, afirmó que mientras Londres condone la citada cárcel, al mundo le será difícil entender nuestra manera de enfocar el imperio de la ley en el orbe.
De igual forma, miembros del Tribunal Supremo británico escucharon las denuncias de tres abogados de detenidos en la base norteamericana y consideraron que existen argumentos sólidos para presentar una demanda de cierre.
Sin embargo, en una cuidadosa declaración, los magistrados opinaron que aun cuando los argumentos de la defensa sobre torturas y otros abusos son fuertes, los órganos de justicia, estiman, no deben tomar decisión alguna, capaz de afectar la política exterior.