- Los debates iniciados este sábado en la capital por las Comisiones Permanentes de Trabajo del Parlamento reflejaron el país que somos, con sus éxitos y deformaciones.
Hoy, en su segundo día, los órganos auxiliares examinarán otros asuntos de interés, como parte de las actividades previas al Sexto Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional.
No hay mejor modo de verse que mirándose en un espejo.
Esa es una verdad irrebatible. Y metáforas aparte, los debates de las
Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
que se iniciaron este sábado en el Palacio de Convenciones de La Habana, se
convirtieron en el reflejo del país que somos, con sus éxitos y deformaciones.
Sobre cuánto han avanzado las Unidades Básicas de
Producción Cooperativa (UBPC), luego de implementarse las 17 medidas orientadas
para desatar sus fuerzas productivas, y los entuertos que todavía entorpecen su
desempeño para explotar eficientemente el 28 por ciento del total de la
superficie agrícola del país, debatieron este sábado los diputados que integran
la Comisión Agroalimentaria.
Previo al intercambio se presentó un informe que dio
cuenta de la labor fiscalizadora de la comisión, en el que se reconoció que,
amén del fortalecimiento de la autonomía de estas entidades y la reafirmación
de su personalidad jurídica, todavía persisten deficiencias.
Entre las dificultades que lastran la eficiencia de
estas cooperativas se señaló la no disponibilidad de cuentas bancarias en
divisas que les permitan utilizar directamente las ganancias que generan en
dicha moneda, y la desproporción entre los plazos de amortización de los
créditos bancarios solicitados para el desarrollo ganadero y el período
establecido para la recuperación de las inversiones.
También fueron identificadas deficiencias
contractuales entre estas unidades y las empresas suministradoras de insumos, e
incumplimientos de los contratos de unidades comerciales del Grupo Empresarial
de Logística de ese organismo (Gelma) con las formas productivas, ya sea por
insatisfacción de la demanda de insumos o por la mala calidad de los productos
e insumos que les ofertan.
El informe, además, se refiere a que las UBPC de
Azcuba están urgidas de perfeccionar el sistema de pago por calidad y el
rendimiento potencial de la caña que se fija de cara al plan, así como atacar
las causas de la burocratización experimentada en la adquisición de insumos y
disminuir los precios de los servicios ofertados a las referidas unidades
productoras.
José Carlos Santos Ferrer, vicepresidente primero de
Azcuba, dijo que para el 2016 se ha trabajado profundamente en los asuntos
contractuales, aunque para garantizar el pago de la caña por su calidad debe
resolverse cómo medir las cualidades de la misma.
Ricardo Monzón Novoa, director de Atención a
Productores del Ministerio de la Agricultura (Minag), explicó que luego de que
se les brindara un tratamiento financiero a estas bases productivas, si se
mantiene un comportamiento similar al de los últimos trimestres, la deuda
bancaria y empresarial debería ser liquidada en los próximos 12 años, y las
deudas en moratoria por la extinción de algunas de esas entidades se honrarían
en un quinquenio. Con el ritmo actual de liquidación el tratamiento financiero
debe durar 20 años, y no 25 como se había previsto.
Clara Toledo, funcionaria del Departamento
Agroalimentario del Comité Central del Partido, aseguró que el 70 por ciento de
los problemas identificados en las UBPC tienen solución en la base y eran
fundamentalmente de índole subjetiva.
Precios por las nubes
En esta primera jornada de trabajo, las y los
parlamentarios que integran la Comisión Agroalimentaria también debatieron con
fuerza cómo resolver las trabas que se presentan en el proceso contractual, el
cual sigue presentando incumplimientos en todos los sentidos.
Ramón Aguilar, diputado por Río Cauto y vicepresidente
de la comisión, dijo que hay seis productos solamente con precios
centralizados, y que entre la base productiva y el comercializador a veces falta
armonía para el proceso de negociación y fijar precios; así como en concertar
la gama de productos que el pueblo demanda.
Refirió que en algunos lugares el acopio estatal
mayorista se ha debilitado, y recae esta actividad sobre los productores que no
siempre tienen medios para transportar las cosechas.
Israel Pérez, diputado por Yaguajay, expresó que la
agricultura produce más, pero la gente ve menos comida en su mesa, pues los
precios están cada vez más altos, porque la están mercanchifleando muchas manos
que no son precisamente las del productor.
Sugirió reducir el margen de ganancias a los
intermediarios, e incluso topar precios en varios productos para evitar ese
mercanchifleo.
Adalberto Fernández, diputado por Viñales, Pinar del
Río, estimó que no bajarán los precios por decreto, pues lo que está ocurriendo
de manera general tiene que ver con la política de precios que rige en el país
en todas las redes de comercio. Dijo que si no bajan los precios de los
productos en las TRD, si comprar un par de botas para trabajar sigue costando
tan caro, no se puede esperar que baje la carne de cerdo, ni los demás
productos que la población demanda.
Emilio Interián, diputado por La Habana, dijo que más
que la falta de seminarios y preparación lo que sucede es que no siempre todos
hacen lo que les corresponde. Independientemente de las contrataciones con las
empresas, las formas productivas tienen que contratar con los productores.
«Hay una realidad que no puede soslayarse, y es que la
mano de obra se ha encarecido, al igual que los insumos. Quienes antes
sembraban dos caballerías, si ahora con una logran iguales ganancias, entonces
no sembrarán más que una», sentenció.
Interián remarcó que el sistema de comercialización
hay que revisarlo y escuchar el criterio de los productores, y en caso de que
se fijen precios deben ser justos.
Ydael Pérez Brito, viceministro del Minag, dijo que el
mayor por ciento de la tierra es del Estado, pero más del 80 por ciento de la
gestión es cooperativa. «Podemos poner recursos, pero si no se saben emplear
con eficiencia estaríamos dilapidándolos», subrayó.
El funcionario insistió en la necesidad de generalizar
las buenas prácticas, y sostuvo que no podemos tener una logística con
debilidades cuando se está apostando por una agricultura diversificada.
«La demanda de recursos es alta y el país no tiene
solvencia para cubrirla totalmente, pero hay que respetar los contratos que,
además, deben ser flexibles, porque surgen problemáticas que así lo exigen. Hay
que tener en cuenta que la agricultura es una industria a cielo abierto y
sobrada de desafíos de toda índole», señaló.
Control y fiscalización
El resultado de las fiscalizaciones que realizaron los
diputados por impago a productores de caña fue uno de los puntos cardinales en
los debates de la Comisión de Asuntos Económicos.
Reconocieron que, si bien existen aspectos objetivos
como la sequía que afecta los rendimientos del cultivo, otras cuestiones de
índole subjetiva en el orden organizativo han impactado notablemente en los
productores, fundamentalmente a la hora de maniobrar y proyectarse para la
próxima campaña en términos de solvencia económica.
La calidad de las semillas, el proceso de
contratación, el incumplimiento en los pagos, los deficitarios aseguramientos
para producción y logística, así como la llegada tardía del paquete
tecnológico, son algunos de los problemas más recurrentes.
«A partir de planteamientos por impagos a productores
cañeros después de concluida la zafra azucarera 2015, en la Asamblea Provincial
del Poder Popular de Holguín, la Comisión de Asuntos Económicos decidió
fiscalizar esta situación y extenderla a otros territorios, comprobando que en
otras provincias se manifestó la misma dificultad, como en Santiago de Cuba,
Granma, Camagüey y Mayabeque», expresó la diputada Grisel Castro Alfonso,
presidenta de dicha Comisión.
Han existido niveles de cuentas por cobrar y pagar
vencidas que ponen en tensiones la zafra 2016, situación presentada en las
empresas azucareras de Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Camagüey, Granma,
Santiago de Cuba y Holguín, alertó.
Otro de los puntos importantes de la agenda fue el
Programa de atención integral al perfeccionamiento del Poder Popular. El debate
se centró en las acciones a seguir en el 2016 por la Comisión para cumplir los
objetivos de dicho plan, que entre otras cosas se ha propuesto revertir las
opiniones negativas sobre la labor del delegado de la circunscripción y la
gestión del Poder Popular y reforzar la confianza del pueblo en el sistema
político.
Asimismo el plan tiene como meta perfeccionar el
funcionamiento de los órganos del Poder Popular, ampliar los mecanismos de
participación del pueblo en sus actividades, alcanzar una mayor eficiencia en
la aplicación de la política de cuadros para los cargos electivos y designados,
así como renovar sus métodos y estilos de trabajo.
La Comisión de Asuntos Económicos dialogó sobre los
resultados del control y fiscalización del estado actual de la contabilidad
gubernamental.
El objetivo principal de analizar este tema es que la
Comisión debe perfeccionar el análisis del presupuesto, incorporando
informaciones de la contabilidad gubernamental, e integrándola con la discusión
de otros balances macroeconómicos de los cuales forma parte.
Además, se escucharon las opiniones de los integrantes
de la comisión sobre los resultados de las fiscalizaciones realizadas al
completamiento de las plantillas de los órganos globales de la economía.
A partir de los intercambios con directivos, expertos
y trabajadores, coincidieron en que existe desmotivación entre los
trabajadores, no solo por los bajos salarios, sino además por las malas
condiciones laborales, la insuficiente atención, asesoramiento y capacitación
del personal.
Cooperar con las
cooperativas
De positiva fue calificada la experiencia de las cooperativas
no agropecuarias (CNA) en el sector industrial y de las construcciones, según
arrojaron los resultados del control y fiscalización aplicados a estas formas
de gestión no estatal por parte de la Comisión de Industria, Construcción y
Energía de la Asamblea Nacional.
El informe, que estuvo a cargo de Santiago Lajes Choy,
presidente de esa comisión permanente —una de las diez de la VIII Legislatura—,
resultó de la visita de los diputados a ocho provincias, donde interactuaron
inicialmente con integrantes de 15 cooperativas vinculadas a los ministerios de
Industria y la Construcción, cuyos titulares respectivos, Salvador Pardo Cruz y
René Mesa Villafaña, asistieron al cónclave parlamentario.
Directivos de ambos organismos rindieron resumen sobre
los controles a estas entidades económicas, que actualmente suman casi cien en
operación entre ambos ministerios, aunque hay varios centenares más en proceso
de aprobación o con expedientes presentados con la intención de convertirse en
emprendimientos colectivos.
No obstante lo positivo de la experiencia, los
diputados recogieron durante el proceso de control y fiscalización un grupo de
problemas e insatisfacciones que limitan el trabajo de estas formas no
estatales de gestión, como lentitud en el otorgamiento de créditos, maquinarias
obsoletas, limitado acceso a materiales e insumos al mayoreo, o empresas que
aún no las reconocen como personas jurídicas con las cuales pueden vincularse
con todo amparo legal.
Vivian Rodríguez, diputada por el municipio de Moa, insistió
—según coincidieron sus colegas— en la necesidad de que las CNA tengan un
suministro que las aleje del mercado minorista, porque al acudir a él afectan a
la población, que es el destinatario principal de esos establecimientos.
Gerardo Enrique Hernández, diputado por Arroyo
Naranjo, aseveró que estas cooperativas de la construcción y también
cuentapropistas acuden a las tiendas de materiales de la construcción, los
popularmente conocidos como rastros, a comprar materiales, con la consiguiente
afectación a la población.
Los diputados elogiaron los ingresos que están
recibiendo los cooperativistas del sector industrial y de las construcciones
—los anticipos mensuales en el primero rondan como promedio los 2 900 pesos, y
en el segundo los 3 900 CUP—, sin embargo, señalaron la necesidad de mejorar
los salarios en el sector estatal, pues la diferencia entre una y otra forma de
gestión lleva a un desplazamiento de trabajadores muy bien formados en las
empresas hacia el sector no estatal.
En la jornada de ayer, los parlamentarios de la
Comisión de Industria, Construcción y Energía fueron informados por parte de
los ministerios de Construcción y de Industria sobre las ilegalidades e
indisciplinas sociales identificadas en el año 2015, el tratamiento dado a las
mismas y las acciones desarrolladas para su erradicación.
Recibieron igualmente una detallada explicación del
Instituto de Planificación Física sobre las políticas aprobadas para el
fortalecimiento del ordenamiento territorial y el urbanismo en el país.
La industria láctea que
necesitamos
Una reparación capital del Complejo Lácteo de La
Habana, la instalación de una treintena de máquinas de envase en entidades de
todo el país y el empleo de más de 2 500 000 pesos para piezas de repuesto son
algunas de las acciones que ejecutará el Grupo Empresarial Lácteos el próximo
año, según se informó en la comisión de Atención a los Servicios.
Al abordar la marcha del proceso de inversiones en ese
sector, Jesús Rodríguez Mendoza, vicepresidente técnico del Grupo Empresarial
de la Industria Alimentaria (GEIA), apuntó que las inversiones constituyen una
prioridad en los planes de desarrollo de la entidad, urgida de transformaciones
que reviertan el deterioro de la tecnología empleada por ese sector.
Añadió que según el plan de inversiones diseñado hasta
el 2020 se trabaja también en proyectos básicos de gran envergadura dirigidos a
la recuperación de los sistemas de refrigeración y transporte, en la
implementación de nuevas líneas tecnológicas y en el montaje de calderas, todo
ello con el fin de que la obsolescencia que existe se pueda mitigar con una
adecuada prioridad en el mantenimiento y en los temas de calidad e inocuidad de
los alimentos.
Entre los principales problemas que hoy persisten en
la industria mencionó el déficit de equipos de laboratorio y medios de medición
para los ensayos requeridos tanto a las materias primas como a los productos
terminados, así como la pérdida de los sistemas de formación y capacitación del
personal especializado y los bajos ingresos que reciben los trabajadores en
sentido general.
Otras deficiencias están relacionadas con las
condiciones higiénico sanitarias, las cuales no son las adecuadas debido a la
falta de exigencia de los cuadros y la pérdida de cultura del personal. Además,
existen afectaciones constructivas de la infraestructura civil de las empresas
por la falta de mantenimiento, lo que afecta sensiblemente la calidad y
garantía de inocuidad de las producciones.
Varios diputados abordaron la insatisfacción de la
población con la mezcla para batido destinada al consumo de los niños, la no
estabilización de la oferta de yogurt natural, el cual se comercializa de
manera ilegal y se elabora en muchas ocasiones sin las condiciones sanitarias
idóneas, y la falta de calidad del picadillo de res destinado al consumo de los
niños, que al decir de Rodríguez Mendoza, no existe justificación para que ello
ocurra.
Resaltaron las irregularidades en la entrega del
yogurt de soya, el mal estado en que llegan algunos productos a los entidades,
así como la caducidad del envasado de este y la higiene que debe tener el
transporte que se dedica a distribuirlo, pues se trata de un sector de gran
impacto en el bienestar de la población y que tiene sus limitantes para el
avance que demanda la economía nacional.
Transformaciones que suman
calidad
«Solo con un diálogo permanente con estudiantes y
profesores podemos avanzar hacia las verdaderas transformaciones que requiere
nuestra sociedad, y tenemos hoy el entorno más complejo que jamás haya existido
en nuestra historia para la formación integral de los futuros profesionales»,
afirmó Rodolfo Alarcón Ortiz, ministro de Educación Superior, ante los
diputados de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente.
«El énfasis está en la formación político-ideológica
de los estudiantes, para lo cual es imprescindible una formación humanística
profunda, que cambie el simple discurso en convicciones, y con eso estamos
profundamente insatisfechos. Y tenemos que seguir avanzando, porque ese propósito
es decisivo para darle una continuidad a la Revolución Cubana».
Al presentar las transformaciones que se vienen
realizando en la Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, viceministro
primero del MES, explicó que después de seis años de trabajo continuado de
cuadros, profesores, trabajadores y estudiantes se han obtenido modestos
resultados, que están lejos de satisfacer plenamente los retadores objetivos de
los cambios propuestos.
El directivo explicó que los resultados docentes
alcanzados en el período lectivo 2014-2015, en el Curso Regular Diurno,
permiten mostrar una situación y tendencia favorables en el por ciento de
estudiantes que aprueban todas las asignaturas respecto a igual período de
cursos anteriores, fundamentalmente en el primer año.
«Esto se logró paulatinamente porque se incrementa la
preparación de los estudiantes que acceden a las universidades desde que se
aplicó el requisito de aprobar los exámenes de ingreso», argumentó.
«Igualmente, el uso que hacen los alumnos de la lengua
materna mejora gradualmente desde que se estableció que las faltas de
ortografía afectan las calificaciones de cualquier evaluación, incluyendo los
exámenes de ingreso.
«Se puede asegurar que la calidad de la formación
integral de los estudiantes universitarios aumenta, porque mejora la
calificación de los profesores, expresada en términos de incremento de años de
experiencia, categorías docentes superiores y grados científicos de máster y
doctor», destacó.
«Además, dijo, la acreditación de la mitad de las carreras,
cerca de la mitad de los programas de doctorado, dos terceras partes de las
maestrías y el 40 por ciento de las universidades, dan fe también del aumento
de la calidad de la docencia que se imparte».
Desembarazar los embarazos
Condiciones higiénicas favorables, adecuada
elaboración de los alimentos, sistemática atención médica y un intenso vínculo
de trabajo con las organizaciones de masas y centros educativos para las
diferentes actividades de promoción son algunas de las observaciones positivas
reflejadas en el informe sobre los resultados de las visitas de control y
fiscalización realizadas a 47 hogares maternos y salas de gestantes en 11
provincias del país para conocer la atención a las embarazadas, en particular a
las jóvenes.
Los resultados, dados a conocer durante la primera
jornada de sesión de la Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud y la
Igualdad de Derechos de la Mujer, demostraron que aun cuando las adolescentes
reciben atención diferenciada y con calidad en estas instituciones, resulta
insuficiente la capacidad de estas, particularmente en Pinar del Río y
Guantánamo, y se padece todavía su ausencia en San José de las Lajas.
Mejorar la ventilación y la diversidad de alimentos en
la dieta de las pacientes, así como intensificar las acciones culturales en
correspondencia con sus gustos, son algunos de los aspectos señalados con el
objetivo de darles seguimiento con posterioridad.
Luego de las intervenciones de algunos diputados sobre
el tema, el doctor Roberto Álvarez Fumero, jefe del Departamento Materno
Infantil del Ministerio de Salud Pública, precisó que los hogares maternos, en
tanto instituciones comunitarias, deben ser atendidas desde un trabajo
multisectorial, a partir del cual se puedan mantener los logros alcanzados
hasta la fecha en el programa materno infantil del país.
La reparación y mantenimiento de estos centros es una
prioridad en el Sistema de Salud, apuntó el funcionario, quien enfatizó en la
importancia de analizar las transformaciones a las que son sometidos en
dependencia de las características de cada territorio, en especial en el
oriente del país, donde se registra la mayor cantidad de embarazos en la
adolescencia.
El también Máster en Atención Integral al Niño alertó
sobre el incremento de la fecundidad adolescente, fenómeno social ante el cual
deben combinarse las acciones desde la familia, la escuela, la comunidad y los
servicios de Planificación Familiar, que cada vez más deben propiciar un
ambiente amigable en la atención a los adolescentes.
Favorecer el conocimiento de los métodos
anticonceptivos disponibles en el país contribuirá a relaciones sexuales más
seguras y al no abuso del derecho de la mujer cubana al aborto, cuyas
consecuencias para su salud y futuras posibilidades reproductivas son
peligrosas, aun cuando sea un proceso seguro en el país, agregó.
A pesar de la dedicación del personal de salud para
garantizar una culminación del embarazo de manera exitosa, sobre todo en
adolescentes, este no debe experimentarse en esa etapa de la vida, en la que
los riesgos asociados a la madre y al bebé se incrementan, insistió el
especialista en Pediatría.
Esta comisión analizó la participación de menores en
hechos que tipifican como delitos. La coronela Idais Borges Barrios, jefa de la
Dirección de Menores del Ministerio del Interior, dijo que se trabaja
continuamente en la prevención y detección de este grupo poblacional en
ilegalidades e indisciplinas sociales que afectan el orden y la tranquilidad
ciudadana, expresiones que se manifiestan principalmente en La Habana, Santiago
de Cuba, Ciego de Ávila y Las Tunas.
Apuntó que en las Escuelas de Formación Integral se
trabaja en el fortalecimiento de las estrategias educativas diferenciadas con
los menores y sus familias. En tal sentido los niveles de reinserción social
alcanzan un 59 por ciento, comportamiento en el que influye el deterioro de los
entornos familiares y sociales y las fisuras de la actuación conjunta con los
factores comunitarios y los ministerios de Educación y Trabajo y Seguridad
Social.
Menos accidentes, pero más
letales
Aunque se trabaja intensamente para disminuir la
accidentalidad en Cuba, todavía los resultados no son los deseados, según
trascendió en el debate efectuado de conjunto por las comisiones de Servicios y
Defensa.
Si bien hasta octubre de 2015 ocurrieron menos
accidentes, y también fue menor la cantidad de lesionados respecto a igual
periodo del año anterior, aumentó en casi un cuatro por ciento el número de
fallecidos como consecuencia de esos hechos.
Tanto los diputados como las autoridades de la
Dirección Nacional de Tránsito coincidieron en que no solo con la aplicación de
medidas punitivas se logrará reducir ese flagelo. Es importante también que la
población tome conciencia de que este es un problema que atañe a todos y no
solo a los conductores.
Por ejemplo, según las estadísticas, más de la mitad
de los peatones que han participado este año en accidentes del tránsito fueron
los responsables del hecho. Además varios diputados coincidieron en la
necesidad de ser más enérgicos para evitar la circulación a altas velocidades
de los autos de alquiler por las calles, sobre todo en La Habana.
También hubo planteamientos referidos a los riesgos
que implican el exceso de pasajeros en los viajes en camiones y ómnibus, y la
modificación arbitraria del tamaño de los vehículos para aumentar la capacidad.
En ese sentido, el informe presentado confirmó que los
accidentes con consecuencias masivas, aunque disminuyeron en cantidad, tuvieron
este año un diez por ciento mayor de víctimas fatales.
Autoridades de la Dirección Nacional de Tránsito
informaron que se incrementan las acciones para hacer cumplir la Ley de
Seguridad Vial, así como detectar y sancionar a los choferes que conducen bajo
los efectos del consumo de bebidas alcohólicas.
La comisión de Defensa evaluó también, entre otros
asuntos, la situación de la sequía y llamó a emplear con racionalidad el agua.
Hasta el mes pasado más de la mitad del territorio nacional tenía déficit en
los acumulados de lluvias, lo que repercute no solo en el abasto a la
población, sino también en las cosechas agrícolas, la ganadería y en la
ocurrencia de incendios forestales.
Justicia a la justicia
Para impartir justicia en Cuba hay que saber cómo
viven las personas; si no, nos equivocamos siempre, comentó Rubén Remigio
Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, al intervenir en la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Jurídicos en lo referente a la calidad de los
procesos judiciales, tema en el que también informaron el Ministerio de
Justicia (Minjus) y la Fiscalía General de la República sobre sus proyecciones
para el 2016.
Ferro informó que para el próximo año debe elaborarse
el anteproyecto de la nueva Ley de Tribunales Populares y su Reglamento, además
de que se trabaja en un manual de calidad que reglamente los procesos
judiciales.
Urbano Peraza Linares, viceministro de Justicia,
dialogó sobre el proceso de perfeccionamiento de los Registros Públicos, con
especial énfasis en los del Estado Civil, proceso que se extenderá hasta 2018.
Explicó que para el 2016 se prevé establecer la obligatoriedad de la asesoría
jurídica en todos los organismos.
Darío Delgado Cura, fiscal general de la República,
dijo que el 96 por ciento de los procesos penales tiene hoy una respuesta en un
plazo inferior a los 60 días, aunque se trabaja por mayor celeridad. En este
tema, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión, arguyó que las
instituciones que tienen a cargo la vida y la libertad de las personas deben
obrar con cautela, pues una sola equivocación tiene consecuencias sobre la
sociedad cubana.
Factor común de las mejoras en todos los organismos
jurídicos es el proceso de informatización que debe llevarse a cabo en su
totalidad, con tal de que la gestión judicial sea digital mediante un sistema
automatizado.
Las instituciones jurídicas se han transformado al
ritmo de los cambios económicos y sociales del país, argumentó Homero Acosta
Álvarez, secretario del Consejo de Estado, quien expresó también que la gestión
de los planteamientos y las quejas de la población evalúa la labor
institucional, y que el 2016 implica administrar mejor los recursos para poder
cumplir con todo lo que se prevé.
Asunto de la comisión fue la permanencia de jueces y
fiscales en sus cargos y las estrategias de estas instituciones para lograr su
estabilidad. Se precisa, apuntaron, crear mejores condiciones de trabajo para
estos profesionales, y concientizarlos de su rol imprescindible en la sociedad,
pues entre las causas fundamentales que arguyen para marcharse está la de otras
opciones laborales mejor remuneradas, el exceso de exigencias y la falta de
condiciones materiales para trabajar.
En esta dirección, se han reparado instalaciones y se
labora en la construcción de viviendas, aunque persisten las bajas, sobre todo
en el sistema de tribunales, donde de enero a noviembre de este año hay más
bajas que altas. Todo cuanto se haga porque el ambiente laboral sea más
placentero, unido a las estrategias de vínculos con las facultades y trabajo
con los jóvenes y a las iniciativas locales para reconocerlos, será un punto a
favor de que estos profesionales permanezcan en sus puestos, coincidieron.
Soñar con la realidad
Una visión de las circunstancias y retos que enfrenta
el movimiento deportivo cubano emanó del análisis realizado por la Comisión de
Salud y Deporte del Parlamento cubano, a partir del informe rendido por el
Inder sobre los resultados logrados en los más recientes Juegos Panamericanos
de Toronto y los propósitos a alcanzar en la cita olímpica de Río de Janeiro el
próximo verano.
Sobre lo sucedido en la urbe norteña, donde Cuba no
pudo repetir el segundo lugar histórico que exhibía desde la versión de Cali
1971, Jorge Polo Vázquez, vicepresidente del organismo, reconoció que la
delegación asistente contó con una buena preparación y adecuado tiempo de
adaptación, pero también que varios deportes como el atletismo, la lucha, el
remo y el ciclismo quedaron por debajo de la cantidad de títulos proyectados.
«De 364 pruebas del calendario participamos en 217,
por lo que era necesario un alto por ciento de efectividad. Solo logramos 36
medallas de oro en 136 finales y eso afectó los propósitos», añadió el
directivo, quien enumeró entre las causas ya analizadas el notable desempeño y
preparación de los rivales, la deficiente forma competitiva en la que se
presentaron algunos de nuestras figuras, o las deserciones de varios atletas.
Sobre el tema, Gilberto Miranda, diputado por el
municipio de Morón, expresó sus preocupaciones en torno al exceso de
triunfalismo en los pronósticos y la negativa presión que puede generar esto en
los atletas, mientras que Teresa Pérez, delegada de la provincia de Mayabeque,
comentó sobre la complejidad de los escenarios en los que se mueve el deporte
cubano. «El asedio a los atletas no cambiará y por eso el trabajo en lo
político, lo ideológico y lo moral es vital, pero no podemos seguir pensando
como antes», expresó.
Por su parte, el parlamentario villaclareño Ariel
Martín se refirió a todo lo que se ha perdido en cuanto a la masividad en el
deporte y las dificultades con el acceso a los implementos, en tanto el
diputado Miguel Aguilera se refirió a la necesidad de estrechar los vínculos
entre el profesor de educación física y el entrenador de deportes para
identificar los posibles talentos y trabajar con ellos en pos de futuros
resultados.
Sobre las proyecciones en los venideros Juegos
Olímpicos, Polo Vázquez explicó que se trabaja actualmente con 270 deportistas
y que la representación cubana deberá estar cerca del centenar de atletas. «El
objetivo es mejorar la actuación alcanzada en Londres hace cuatro años, cuando
se ganaron cinco títulos y nos ubicamos en el lugar 16», confirmó el
funcionario, antes de explicar que se está realizando un trabajo diferenciado,
con chequeos sistemáticos para lograr ese propósito, para lograr la efectividad
deseada.
En la jornada, los parlamentarios cubanos conocieron
también de todo lo que se hace relacionado con el llamado Deporte para Todos, y
sobre el actual funcionamiento y necesidades de los más de 630 gimnasios
biosaludables instalados a lo largo del país, pues todos no cuentan con el
personal especializado para su atención.
Colaboración cubana: un
asunto de prioridad
Cuba continuará viabilizando la colaboración de
organismos internacionales y gobiernos foráneos hacia sectores priorizados del
país, como el alimentario, energético, hidráulico, saneamiento ambiental, la
salud pública y la educación.
Según la Agencia Cubana de Noticias, Magalys Estrada
Díaz, directora general de Colaboración del Ministerio de Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera (Mincex), tras participar en los debates de la Comisión
de Relaciones Internacionales, aseguró que en el venidero año se trabajará por
lograr mejor coordinación entre los gobiernos locales y los ministerios
correspondientes para que el financiamiento que entra al país por concepto de
la colaboración internacional se ejecute totalmente.
La transparencia caracteriza la colaboración
internacional con Cuba, aseguró la funcionaria del Mincex, quien subrayó que
los donantes, tanto organismos internacionales como gobiernos, pueden dar
seguimiento a los proyectos y recursos hasta el objetivo final.
Según Estrada Díaz, uno de los objetivos para el 2016
en esta área será revertir las trabas que hoy persisten en la economía para la
ejecución de la colaboración, y destacó al Ministerio de Salud Pública y la
Oficina del Historiador de La Habana, como dos buenos ejemplos en implementar
mecanismos eficientes para la colaboración.
La Directora General de Colaboración del Mincex
destacó que se trabaja por conseguir a mediano plazo, en estrecho trabajo con
los gobiernos locales, un documento con las prioridades de colaboración a lo
largo de Cuba, como se logró con la cartera de oportunidades para la inversión
extranjera.
La colaboración que llega al país anualmente, entre
150 y 200 millones de dólares —no solo en dinero, sino también en recursos—, si
bien no resuelve las necesidades del pueblo es un complemento a los planes de
la economía, por lo que ejecutarla con celeridad es un imperativo.
Igualmente en esta Comisión, Orlando Requeijo Gual,
director de la región de África Norte y Medio Oriente en el Ministerio de
Relaciones Exteriores (Minrex), aseguró que los diputados de la Comisión
recibieron una información detallada acerca del estado de las relaciones entre
Cuba y esas naciones. El funcionario les habló sobre la posibilidad de
incrementar la exportación de servicios médicos cubanos en un grupo de naciones
de esa área gracias al prestigio de los cooperantes internacionalistas.
Según dijo, la Mayor de las Antillas cuenta hoy con
nueve embajadas abiertas en la región y cooperantes en seis países, algunos de
ellos con contingentes grandes como en Argelia.
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