Denuncia abogado métodos brutales contra reos en huelga de hambre

Base Naval de Guantánamo
En declaraciones al diario The New York Times, un abogado que visitó la Base Naval de Guantánamo, Thomas B. Wilmer, del bufete Shearman & Sterling de Washington, aseguró que los carceleros intentan poner fin a la huelga de hambre de un grupo de prisioneros de manera violenta, “con el empleo de los métodos más brutales e inhumanos”.
El abogado, dice PL, calificó de “desgracia” la situación de los reos, y criticó particularmente el empleo de la llamada “silla de compostura”, a la cual son amarrados durante horas los reos negados a comer, para ser alimentados por la fuerza, a través de sondas nasales, y se les impide vomitar.
Otras medidas incluyen confinar a los prisioneros a celdas de aislamiento, sometidos a bajas temperaturas y privados de artículos personales como mantas y libros.
Según el Times, los militares estadounidenses recurrieron a esos métodos luego de conocer que muchos de los reos, etiquetados de “combatientes enemigos”, estaban dispuestos a suicidarse, en desacuerdo con un encierro que no parece tener fin.
El Pentágono teme que si eso ocurriera se intensificarían a nivel internacional las críticas contra el centro de detención de Guantánamo, donde mantiene recluidas a más de 500 personas, arrestadas a raíz de la invasión de Estados Unidos a Afganistán, a fines de 2001, en nombre de su cruzada antiterrorista.
El miércoles último, otros dos abogados estadounidenses, Mark y Joshua Denbeaux, afirmaron que más de la mitad (55 por ciento) de esos prisioneros no ha cometido ningún “acto hostil” contra EE.UU.
El informe, afirma AFP, se desprende del análisis detallado de documentos difundidos por el Pentágono a comienzos de 2005 —y que están disponibles en Internet—, con base en los elementos de “prueba” contra los llamados “combatientes enemigos”.
Solo ocho por ciento es presentado como “combatiente de Al Qaeda”, y los otros son calificados como “miembros” o personas “afiliadas” a la organización o al movimiento Talibán, o a otras agrupaciones, algunas de las cuales no figuran en las listas oficiales de “organizaciones terroristas” hechas por la administración Bush.
De ellos, solo siete por ciento fue directamente capturado por las fuerzas estadounidenses o de sus aliados, 36 por ciento fue detenido por autoridades paquistaníes en Paquistán, 11 por ciento por la Alianza del Norte (coalición opositora a los talibanes), y respecto al otro 44 por ciento, el gobierno estadounidense no precisa quién los capturó, añade AFP.
Por su parte, la agencia EFE divulgó hace unos días que las nuevas reglas del Ejército de Estados Unidos amplían los lugares donde se pueden realizar ejecuciones, lo que podría permitir el ajusticiamiento de futuros condenados en la base estadounidense de Guantánamo, según dijeron opositores a la pena de muerte.
Una fuente del Pentágono afirmó que las nuevas normas se aplican a reos que esperan en los corredores de la muerte de EE.UU. y no a los que están en centros de detención de las fuerzas armadas en el extranjero, como el de Guantánamo. Sin embargo, el texto no dice nada de eso.
Según las reglas anteriores, la ejecución de personas condenadas en cortes marciales o tribunales militares solo podía realizarse en el centro de detención de Fort Leavenworth (Kansas).
Los nuevos procedimientos “permiten el uso de otros lugares para llevar a cabo las ejecuciones”, según explica un “resumen de cambios” al principio del documento, y el texto no determina si estos sitios deberán estar en EE.UU. o podrán también ubicarse en el extranjero, lo que podría ser una forma de autorizar la realización de ejecuciones en la Base Naval de Guantánamo, dice EFE. El capítulo uno solo establece que el Secretario del Ejército “aprobará el lugar de la ejecución”.
“Sospecho que esto tiene que ver con la gente que está en Guantánamo. Tal vez estén despejando el camino burocrático”, dijo a EFE Richard Dieter, portavoz del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Hasta el momento, solo diez de los más de 500 detenidos en esa base están siendo enjuiciados en tribunales militares especiales antiterroristas, pero los fiscales no han pedido la pena de muerte para ninguno de ellos, en parte debido a la presión que sus países de origen han ejercido sobre Washington, añade EFE.