Tomado de La pupila insomne
No es extraño que el presidente Rafael Correa, solidario con las causas justas de este mundo, haya decidido conceder asilo a Julian Assange. Concurre, además, un hecho que los identifica especialmente. Al igual que el fundador de Wikileaks a escala global, el gobierno de Ecuador, sometido a una lluvia de calumnias mediáticas,
trabaja incansablemente en su país por la democratización de los medios
de información y rechaza la práctica usual de sus dueños de impedir el
derecho ciudadano a una información veraz, plural y no manipulada.
Quito ha aprobado incluso una ley ejemplar al respecto.
No fue una decisión festinada. La
cancillería ecuatoriana ha hecho su trabajo concienzuda, discreta y
prudentemente. Tan pronto Assange ingresó y pidió asilo en su sede
diplomática en la capital británica, inició consultas con los países
involucrados. De Estocolmo no recibió las debidas garantías de que en
caso que el periodista decidiera comparecer voluntariamente ante la
fiscalía sueca –como ha dicho que es su disposición- no fuera luego
extraditado a Estados Unidos.
