Resulta paradójico que un mes más tarde de publicar el Informe de la Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre (junio, 2006) —en el que se proponen acciones públicas y encubiertas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que incluyen la subversión interna, profundización del bloqueo económico, intimidación por parte de sus fuerzas armadas y diversos cuerpos de inteligencia e, incluso, la ocupación militar de la Isla para el derrocamiento del régimen socialista, el restablecimiento del capitalismo y la imposición de un sistema electoral basado en el modelo bipartidista de ese país— se dé a conocer el Informe de la Comisión de la Verdad para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Estados Unidos (julio, 2006).
Bajo el esquema de comisiones establecidas para juzgar casos como Sudáfrica, El Salvador y otros países que responsabilizan a sus gobiernos de crímenes de lesa humanidad y flagrantes violaciones de los derechos humanos, la Comisión de la Verdad —reunida en Cleveland, Ohio, una de las ciudades más pobres de Estados Unidos—, se integró por delegados nacionales de una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, sindicales, sociales, religiosas, de juristas y derechos humanos, y delegados internacionales pertenecientes a instituciones, redes, organizaciones y expertos en pobreza, salud, desalojo forzado y derechos humanos.
Esta Comisión recibió documentación, testimonios y denuncias emblemáticas de hombres y mujeres pobres blancos y provenientes de diversas minorías nacionales, jóvenes y ancianos, veteranos de Iraq y madres de soldados muertos en esa guerra neocolonial, víctimas del huracán Katrina, desempleados, emigrantes "contra quienes se levantan muros e implantan restricciones mientras se legitima su explotación laboral y humana en condiciones de neo-esclavitud", madres separadas o solteras cuyos hijos son arrebatados por el Estado debido a su precaria condición económica, discapacitados, ciudadanos sin acceso a la salud, entre otros sectores de esa sociedad estadounidense en que se constata —en cifras oficiales— la existencia de millones de personas que viven en la pobreza y pobreza extrema, mientras 45 millones no tienen acceso a servicios de salud.
En el país de la "prosperidad" y el consumo ilimitado de recursos y mercancías, la Comisión de la Verdad llega a la conclusión general de "que sí se violan los derechos humanos, económicos, sociales y culturales en Estados Unidos; que se puede identificar al gobierno federal, a las autoridades legislativas y judiciales, así como a las megaempresas privadas, como las responsables de dichas violaciones; de que tales violaciones en la mayoría de los casos son totalmente prevenibles, y que ante el alarmante cuadro de deterioro observado, es necesario elaborar propuestas".
La Comisión emitió esta conclusión en un contexto internacional que caracterizó por "el claro menosprecio del gobierno de Estados Unidos a respetar las normas de convivencia internacional pacífica y a la soberanía de las naciones... de no querer sujetar su actuación, como la mayoría de las naciones, a instrumentos que eviten la impunidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, como es el caso de la Corte Penal Internacional; en medio de denuncias de aberrantes abusos, uso de la tortura y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército de Estados Unidos contra cientos de detenidos de distintas nacionalidades en centros de concentración y confinamiento de Guantánamo o Ghraib; en medio de la pública denuncia del uso clandestino de aeropuertos de Europa para que los organismos de inteligencia de Estados Unidos promuevan ilegales operativos de secuestro, retención y traslado de prisioneros por todo el globo terráqueo; finalmente, en medio de la expedición de leyes internas como el Acta Patriótica, que limitan derechos individuales y políticos y legitiman el control de la democracia en su propio territorio por razones de seguridad".
Son estas mismas autoridades de Estados Unidos, identificadas por la Comisión de la Verdad como violadores de los derechos humanos de su propio pueblo, los que pretenden —con un presupuesto de casi 100 millones de dólares y conjuntamente con la "comunidad internacional"—, "ayudar" al pueblo cubano en la "transición democrática", a "responder a sus necesidades humanitarias y sociales críticas", a lograr "elecciones libres y equitativas" (como las "ejemplares" en Iraq o México), a "crear un mercado basado en oportunidades económicas", según se asienta en el capitulado del Informe de la Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre.
El pueblo cubano no necesita de la "ayuda desinteresada" del gobierno de Estados Unidos; un gobierno que condena a millones de sus ciudadanos a la guerra permanente, la miseria, el racismo, las drogas, la violencia y la represión. Esa es la realidad candente de la democracia y el American way of life.