Tomado de Prensa Latina
El Congreso estadounidense se esfuerza hoy por resolver la peliaguda maraña política que representa para el presidente George W. Bush un fallo de la Corte Suprema contra los controvertidos tribunales antiterroristas.
Los argumentos de los líderes de opinión en ambas cámaras legislativas parecen ser profundamente contradictorios. Nadie logra descubrir la fórmula mágica que supuestamente rescataría a la Casa Blanca del embrollo administrativo.
El veredicto del Tribunal Supremo fue bien explícito: los jurados especiales creados por el Ejecutivo para condenar a acusados de terrorismo violan el código militar norteamericano, y peor aún, Convenciones de Ginebra.
Lo cierto es que el inopinado dictamen de la Corte sacudió las filas de los dos principales gremios políticos de Estados Unidos, y por lo menos un senador republicano se expresó abiertamente contra la agenda de la Oficina Oval.
Delegados de Bush en el Pentágono y el Departamento de Justicia impugnaron la sentencia, y arguyeron que a los presuntos terroristas no se les puede privilegiar con todas las garantías legales por "motivos de seguridad nacional".
Sin embargo, el senador republicano Lindsey Graham objetó tal explicación y subrayó que "la manera mejor de trabajar para la administración Bush sería tomando al código militar y las normas internacionales como guías".
Si el Presidente adopta esa actitud formal beneficiará la solución de esta crisis, y la nación podrá estar orgullosa del gobierno federal. En caso contrario, tendremos discusiones en el Congreso durante todo el verano, comentó Graham.
Por lo pronto, el mandatario tejano olfateó la cercanía de un colosal conflicto político y comenzó a aflojar las tuercas en el caso de la prisión de Guantánamo, instalada ilegalmente en territorio cubano.
Desde ahora -con cinco años de retraso- Washington permitirá que los Convenios de Ginebra amparen a los 500 reclusos de 30 países considerados "combatientes enemigos" hasta la semana pasada, reseñaron noticiarios.
Los encarcelados podrán beneficiarse de tratados firmados por la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, la Casa Blanca había argumentado que estos individuos no merecían la presunción de inocencia.
El anuncio fue confirmado por el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, quien añadió que la decisión es una respuesta del Ejecutivo al reciente fallo del Tribunal Supremo, calificado por analistas del mayor revés judicial de W.Bush.
Según Snow, Estados Unidos sopesa el cierre del centro de detención de Guantánamo, pero el gobierno no ha podido determinar un nuevo destino para el medio millar de prisioneros, la mayoría recluidos desde 2001.
El consejero jurídico del Departamento de Estado, John Bellinger, agregó que antes de tomar una medida de ese tipo se debe confirmar que los detenidos no son una amenaza para la seguridad de este país.
Hasta junio, sólo 10 detenidos fueron acusados formalmente de crímenes y serán procesados por tribunales militares norteamericanos.
Se calcula que otros 300 reos han sido trasladados de Guantánamo hacia naciones como Afganistán, Australia, Bahrein, Bélgica, Kuwait, Marruecos, Paquistán, y Uganda.
Los pactos de Ginebra, firmados en agosto de 1949, conforman el núcleo básico del Derecho Internacional Humanitario. Un total de 188 Estados ratificaron tales instrumentos para asegurar la protección jurídica de víctimas de guerras, militares o civiles.
