Por Ricardo Alarcón de Quesada
Tomado de Cubadebate.cu
Las peticiones de Habeas Corpus a favor de los
Cinco cubanos
condenados injustamente en Estados Unidos y especialmente la
declaración jurada de Martin Garbus, abogado de Gerardo, tienen como
foco central el papel desempeñado por “periodistas” que, pagados por el
Gobierno norteamericano, crearon un ambiente de histeria y odio
irracional que atemorizó al jurado hasta declararlos culpables pese a
que la Fiscalía no presentó prueba alguna y, peor aún, reconoció que no
podía sostener su principal acusación.
No se trata, sin embargo, de un enfrentamiento de los Cinco y sus
defensores con el periodismo y los periodistas. Es más bien todo lo
contrario.
La operación montada en Miami por la Fiscalía, además de violar la
Constitución y las reglas del debido proceso, fue también un insulto a
un oficio que merece respeto. Fue un diario de Miami - The Miami Herald -
quien primero reveló la existencia de esa operación secreta en la que
participaron algunos de sus redactores a quienes, por cierto, despidió
por lo que su editor consideró una violación de la ética periodística.
El autor de la revelación, Oscar Corral, pagó caro su apego a las
normas de la profesión. En vez de recibir un premio por su labor
investigativa fue objeto, según sus propias palabras, de “una campaña
orquestada para intimidar, hostigar y silenciar. Fue un fuego artillero
concentrado. Algunas amenazas fueron muy específicas y mencionaban a mi
familia” lo cual hizo que sus editores los mudaran a vivir a un lugar
seguro.
El periodismo verdadero fue también víctima de la prevaricación gubernamental.
Pero ¿quiénes eran los “periodistas” pagados por el Gobierno y por qué fueron contratados para hacer lo que hicieron?
Todos, sin excepción, eran miembros o estaban estrechamente
vinculados a organizaciones que en Miami cultivan la violencia y el
terrorismo y algunos son, ellos mismos, terroristas convictos y
confesos; algunos habían ejercido funciones periodísticas con
anterioridad y son capaces de redactar, más o menos, un par de
cuartillas, otros no habrían pasado el examen de admisión a ninguna
escuela de periodismo; todos tienen larga experiencia como provocadores y
participan asiduamente en programas radiales y televisivos
caracterizados por la procacidad y la estridencia en los que se aboga,
sin tapujos, por el uso de la fuerza contra Cuba. Todos reunían las
cualidades para ser contratados por Washington para el cumplimiento de
una labor clandestina. En otras palabras, eran gente de confianza y por
eso les encargaron el trabajo y les pagaron generosamente, pues, después
de todo, no usaron el dinero de sus bolsillos sino el de los
contribuyentes.
Todo se pagó con cargo a los presupuestos de radio y TV Martí, que
son empresas del Gobierno, financiadas por el presupuesto federal que se
nutre de los impuestos y otros aportes que hace el público, o sea, los
ciudadanos y los residentes en Estados Unidos. Pero estos, quienes, sin
saberlo, la pagaban, nada supieron de esta operación encubierta.
Por eso la declaración de Garbus destaca que estamos ante un asunto
de importancia excepcional. Ante todo para los Cinco compatriotas que
pronto cumplirán catorce años privados de su libertad. Pero es
importante también, y mucho, para quienes no están encarcelados.
Lo es, especialmente, para los periodistas verdaderos, sin comillas,
los que ejercen honestamente una profesión que otros prostituyeron y la
convirtieron en instrumento para secuestrar a cinco inocentes.
Al final de su declaración Garbus menciona al Fiscal General de
Estados Unidos: “El Fiscal General Eric Holder Jr. no fue responsable
por este caso cuando comenzó. Pero lo es ahora.”
Los profesionales del periodismo y los medios de prensa más allá de
Miami no fueron responsables de este crimen cuando se produjo. Pero
ahora que ya saben lo que ocurrió no pueden evadir su responsabilidad.
El silencio ahora sería complicidad.
