El
6 de julio de 2012 la Fiscalía de la Florida envió a la corte de Miami
su oposición a la solicitud presentada por el abogado Martin Garbus, en
representación de
Gerardo Hernández Nordelo,
en la que pidió una audiencia oral y la entrega por parte del Gobierno
de evidencia adicional que permita profundizar en el caso de los
“periodistas” que fueron pagados con dinero federal y actuaron antes y
durante el juicio de los Cinco con el propósito de crear lo que en 2005
el panel de la Corte de Apelaciones describió como “una tormenta
perfecta de prejuicios y hostilidad”.
En una maniobra evidentemente evasiva, el Gobierno intenta argumentar
que los hechos presentados por la defensa no son tales y por tanto no
resulta necesario procurar más información para esclarecerlos. En otras
palabras, le dice a la propia Jueza Joan Lenard que la denuncia de la
defensa sobre la conducta de los “periodistas” que ella misma reconoció
durante el juicio llegaron incluso a amedrentar y acosar al jurado, no
es más que una teoría conspirativa y una especulación generalizada.
En su escrito la Fiscalía advierte que podría recurrir a “privilegios
ejecutivos” y a la Ley de Protección de la Información Clasificada
(CIPA) para no acceder a la petición, lo cual equivale a admitir su
voluntad de seguir ocultando y manipulando las pruebas.
En un breve párrafo final la Fiscalía se opone también a la audiencia oral solicitada por Gerardo.
Cabe preguntarse a qué le teme el Gobierno. Por qué no permite que
los Cinco, y particularmente Gerardo, que cumple dos cadenas perpetuas
más 15 años de prisión, puedan disponer de toda la información que
necesitan para defenderse de condenas tan injustas y absurdas como las
que les fueron impuestas.
