(Publicado en CubAhora)
Las FARC-EP
y el gobierno colombiano reanudaron, luego de un receso de cinco días,
las conversaciones de paz que sostienen en la capital cubana.
El anuncio de un foro de la sociedad civil -auspiciado en Bogotá por la ONU
y la Universidad Nacional- para recoger propuestas sobre el primero de
los cinco puntos acordados en la agenda, llamado desarrollo agrario
integral, que presupone la modificación de las relaciones de propiedad
en el campo colombiano.
Es el primer asunto de un temario que abarca
además garantías para la participación política de los guerrilleros, el
narcotráfico, la reparación a las víctimas y el fin del conflicto
armado. El foro de la sociedad civil sesionará desde el 17 de
diciembre y también se acordó a partir del 7 de este mes que una página
web podrá recibir propuestas sobre el tema del desarrollo agrario
integral.
El problema del acceso a la tierra en
Colombia, marcado por el latifundio y también por el control de las
riquezas mineras en manos de empresas transnacionales, está en la base
del conflicto armado más prolongado de Latinoamérica. En cuanto a la
participación política, los guerrilleros no olvidan que en la década de
los 80 del siglo pasado un proceso negociador les cedió un espacio civil
a través de un partido de nombre Unión Patriótica que rápidamente
devino la tercera fuerza política del país pero miles de sus dirigentes
fueron asesinados en muy corto plazo.
El tema de las víctimas es visto
de manera radicalmente distinta por las partes: el gobierno pide a la
guerrilla “pronunciamientos claros y categóricos” sobre la práctica de
retener en su poder prisioneros de guerra y civiles -algo que ha restado
apoyo a los insurgentes y que éstos han declarado haber descontinuado- y
por su parte las FARC-EP insisten en que el terrorismo de estado sigue
siendo común en ese país, como demuestran las revelaciones del 2008
sobre los “falsos positivos” que pretendían hacer aparecer a civiles
asesinados por el ejército como guerrilleros muertos en combate.
El tema del narcotráfico es un fenómeno
que marca gran parte de la vida colombiana, donde jueces, políticos y
empresarios a todos los niveles han sido acusados de vínculos con las
mafias de la droga y muchos campesinos empobrecidos por las políticas
neoliberales ven en el cultivo de plantas alucinógenas una vía de
sobrevivencia, mientras desde el poder se acusa a la guerrilla de cobrar
impuestos a la extracción de la hoja de coca en las áreas bajo su
control.
En el terreno militar, el gobierno
colombiano no ha aceptado la tregua unilateral declarada por la
guerrilla y la semana inició con informaciones del ejército acerca de
una nueva ofensiva que habría cobrado veinte bajas mortales a los
insurgentes. Algo que un dirigente de las FARC-EP, que participa en las
conversaciones de La Habana, calificó irónicamente como “regalo de
navidad del gobierno”.
En medio de realidades tan complejas,
ambas partes han sido discretas respecto al contenido de las
conversaciones, aunque representantes de la guerrilla manifestaron a
finales de noviembre una valoración optimista de su desarrollo y el
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, calificó este lunes de
positivos los primeros pasos a e insistió en que los diálogos deben
concluir a más tardar en noviembre de 2013, un límite con el que las
FARC-EP no están de acuerdo.
Desde que comenzaron las negociaciones en
el habanero Palacio de Convenciones, los representantes de las FARC-EP
han estado haciendo un uso intensivo de la prensa mientras los delegados
del gobierno colombiano han sido parcos, reiterando que no negociarán
ante los micrófonos. Como una expresión paradojal de la complejidad de
este proceso, la guerrilla, acusada por los medios y el discurso oficial
de la Unión Europea y Estados Unidos de terrorista, insiste en el cese
al fuego y utiliza constantemente la comunicación política, mientras sus
contrapartes hablan poco y mantienen viva la violencia armada en las
montañas colombianas.
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