El Departamento de Estado norteamericano intenta distanciarse de los pronunciamiento de una de sus funcionarias acerca de que los tres detenidos muertos en Camp Delta, se habían suicidado para «llamar la atención».
Por Juana Carrasco Martín
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Cuando el general Harry Harris, jefe de la cárcel Camp Delta en la Base Naval de Guantánamo, llamó a los recientes suicidios de prisioneros «actos de guerra», definiéndolos como propaganda, tuvo eco más allá del Pentágono. Colleen Graffy, segunda asistente de la Secretaría de Estado para la diplomacia pública, dijo que los tres detenidos muertos habían realizado «un buen movimiento de PR (relaciones públicas) para , y en una entrevista con la BBC calificó a los suicidios de «una táctica para promover la causa jihadi» (la guerra islámica).
Casi de inmediato, el propio Departamento de Estado intentó distanciarse de ese pronunciamiento de su funcionaria. Sean McCormack, el vocero, aseguró: «No puedo caracterizar esto como un truco PR»… «Es una preocupación seria en cualquier momento si alguien se quita la vida».
Quizá la apresurada marcha atrás del Departamento, no tenga que ver precisamente con una actitud más humanizada sino pragmática. Catalogarlo como «acto de guerra» implicaría reconocer a los 460 detenidos ahora encarcelados en Camp Delta como lo que son: prisioneros de guerra, categoría que se les ha negado denominándolos «combatientes enemigos», una inescrupulosa manera de violar las leyes y convenciones internacionales.
Para la inmensa mayoría del mundo, la desesperación puede haber sido el detonante: desde hace más de cuatro años confinamiento indefinido y en aislamiento, a miles de kilómetros de los lugares de su captura, más las torturas, abusos y humillaciones —físicas y mentales—, son elementos suficientes para realizar cualquier tipo de protesta, incluida esta, el suicidio del yemenita Ali Abdullah Ahmed, y los sauditas Mani Shaman Turki al-Habardi al-Utaybi y Yassar Talaj al-Zahrani, quienes aparentemente se colgaron en sus celdas el sábado 10 de junio.
El Pentágono y las autoridades del campo de concentración en ese territorio usurpado a Cuba, intentan ahora limpiarse de culpas y pecados con un pronunciamiento salido de la alardosa «política compasiva» de su jefe George W. Bush: «Los cuerpos están en la morgue del hospital naval en Guantánamo, y son tratados con gran reverencia y respeto en observancia de las reglas islámicas» (lavados, enfardelados en telas blancas y los ataúdes dispuestos en dirección a la Meca, y serán enviados a sus tierras natales para ser sepultados.
¿Qué más pedir? Los muertos pueden sentirse satisfechos. No importa en lo absoluto que hasta ahora nadie supiera de su situación en Guantánamo, si formaban parte o no del 25 por ciento de los detenidos que son regularmente interrogados, también son nimiedades que ninguno de los tres haya tenido abogados y tampoco cargos de haber cometido crímenes de guerra; en definitiva tampoco tenían asistencia por «enfermedades psicológicas» y, por supuesto, no se les había recetado medicamentos.
Giatanjali Gutiérrez, una abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, que representa a muchos de los detenidos en el centro de interrogación de Guantánamo, ha dicho que las muertes del fin de semana no constituyen sorpresa alguna para su organización, que desde febrero de 2002 ha estado trabajando a fin de que «los militares se preocupen por la salud mental y las condiciones de vida» de sus prisioneros.
Igual piensa la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha pedido una investigación independiente sobre los suicidios y la posibilidad de un control del trato que reciben todos los detenidos, en especial los que están en huelga de hambre.
Se suman ahora las dudas de la familia y los amigos de Zahrani quienes describieron al muchacho de 21 años como muy optimista, obstinado y creyente fuerte y sincero, por tanto, incapaz de quitarse la vida y asegurarse, como dice el Corán, el infierno eterno.
Talal, el padre de Zahrani, un coronel retirado, cree que su hijo fue colgado por los guardias o golpeado hasta morir, por eso ha pedido a las autoridades gubernamentales sauditas una autopsia y una investigación independientes cuando el cuerpo del joven regrese como ha sido prometido.
La familia, dispuesta a la lucha, quiere que el precio por la vida de Zahrani sea la libertad de todos los prisioneros en Camp Delta.
Pero Saad al-Azmi, un kuwaití liberado de Guantánamo el año pasado, y que durante un tiempo ocupó una celda cercana a Zahrani, relató que el joven desaparecía por horas y le había contado que «lo desnudaban, ataban sus manos a sus pies con esposas de metal, y lo bañaban con agua helada». Querían saber cosas de Afganistán. Entonces pudo haberse suicidado porque no fueron horas de tortura, fueron años. «Es muy posible que quisiera terminar con ello»...
Zahrani tenía solo 17 años cuando entró en el infierno de Camp Delta, por él y los otros, su familia se declara decidida a exigir que se haga justicia y se cierre el infierno que Estados Unidos ha creado en Guantánamo.
