La misión permanente de Cuba ante la ONU denunció el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra su país, constatado con la reciente presentación de la segunda versión de un plan de anexión para la isla, precisó Prensa Latina.Un comunicado de prensa circulado allí asevera que esta segunda versión del informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre o Plan Bush, divulgado en julio pasado, es ejemplo del incremento de la agresividad y hostilidad de Estados Unidos hacia ese país.
La primera versión de ese documento, fue aprobada por el presidente George W. Bush en el verano de 2004 con el objetivo de destruir el sistema político, económico y social cubano.
En la relación se incluyen las principales acciones emprendidas contra Cuba por el gobierno de Washington desde el 2 de junio del pasado año hasta el 10 de octubre último.
En junio de este año, señala, el jefe de la oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Kevin Whitaker, se refirió a los avances de las tareas de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre.
Entre ellas Whitaker citó la disminución de los viajes de estadounidenses, la merma en los ingresos de ese país en casi 60 por ciento y la realización de vuelos semanales para transmisiones televisivas destinadas a fomentar la subversión interna.
Otros hechos que aparecen son el otorgamiento por el gobierno de Bush de ocho millones 900 mil dólares para 2005 y 15 millones para 2006, destinados a aplicar las recomendaciones de esa Comisión.
Recuerda que en agosto el Departamento de Justicia anunció un segundo programa sobre Cuba para las corporaciones y ciudadanos norteamericanos que tienen nuevas reclamaciones contra el gobierno cubano por propiedades nacionalizadas después de mayo de 1967.
Las auditorias en enero de este año de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro a agencias de viajes que trabajan el destino Cuba tuvieron como consecuencia que 16 de ellas perdieran su autorización.
En lo que va de año la lista asciende a 26 agencias, precisa el comunicado cubano, que recuerda que a fines de mayo pasado la OFAC suspendió la licencia a tres de las principales agencias de viajes y remesas a la Isla.
También, dice, entraron en vigor en febrero nuevas regulaciones de OFAC sobre el régimen de multas aplicables a instituciones bancarias que violen la legislación norteamericana sobre sanciones contra distintos países, incluida Cuba.
Se refiere a que la representante anticubana Ileana Ros-Lehtinen presentó un proyecto de ley para no admitir en Estados Unidos a extranjeros que hayan realizado inversiones en el sector petrolero cubano.
Ese mismo texto fue promovido una semana más tarde en el Senado por el representante de la mafia anticubana en ese órgano legislativo Mel Martínez, subraya.
Además de esa relación, que incluye el anuncio el 10 de octubre de la creación por el Fiscal Federal del Distrito Sur de la Florida, Alexander Acosta, de un grupo de trabajo para reforzar las sanciones a Cuba, el comunicado pone otros ejemplos.
Ese acápite cita otros tipos de asedios, amenazas y sanciones a personas, instituciones, empresas, organizaciones religiosas, académicas y Organizaciones No Gubernamentales norteamericanas.
Afirma que se han recrudecido la persecución y sanciones a ciudadanos y empresas, en particular las agencias de viaje auditadas por la OFAC, así como las presiones a organizaciones religiosas, académicas y ONG para impedir sus vínculos con Cuba.
Subraya que durante 2005, OFAC multó a ocho compañías e instituciones bancarias por 44 mil 225 dólares, y a 487 ciudadanos por violar el bloqueo y específicamente las regulaciones sobre los viajes a Cuba por 529 mil 743 dólares.
El comunicado de prensa cubano antecede a la discusión en la Asamblea General de Naciones Unidas del tema del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, previsto el 8 de noviembre.
Ese día la Asamblea debe aprobar, por 15 año consecutivo, la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
El pasado año, el documento fue adoptado con la cifra récord de 182 votos a favor. Cuatro países, encabezados por Estados Unidos, estuvieron en contra y uno se abstuvo.
