Además de su esencia subversiva y anexionista, el Plan Bush recrudece hoy el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, con medidas dirigidas a obstaculizar todo vínculo entre ambos países.
La presentación el pasado 10 de julio de una segunda versión del informe de la llamada Comisión de Asistencia a una Cuba Libre (Plan Bush) se tradujo de inmediato en medidas concretas de mayor asedio a la actividad económica y comercial de la isla en el exterior.
Para el presidente norteamericano, George W. Bush, la determinación de derrocar las instituciones y derogar leyes cubanas, incluida la propia Constitución política del país, es insuficiente y, en consecuencia, requiere de elementos adicionales.
Frente a ese propósito, el gobierno de la isla presentará en la ONU, por décimo quinta vez desde 1992, el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba.
El documento denuncia ejemplos concretos de una "escalada agresiva de presiones económicas y financieras" contra este país, traducida en la creación de nuevos mecanismos interagencias para perfeccionar la implementación de regulaciones del bloqueo.
Según denunció el vicecanciller primero cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, la economía cubana sufrió daños por encima de los cuatro mil 186 millones de dólares como consecuencia del recrudecimiento de esas sanciones impuestas por La Casa Blanca.
La mayor restricción a las visitas familiares de los cubanoamericanos a su nación de origen incidió en que los viajes disminuyeran en un 54 por ciento, pues de más de 115 mil en 2003 pasaron a poco menos de 62 mil en 2005.
Según el informe presentado por la Cancillería, esa medida aplicada mediante el Plan Bush en materia de bloqueo provocó también se redujeran en un 45 por ciento los viajes de estadounidenses a la isla, de 85 mil en 2003 a apenas 39 mil el año pasado.
Además de las restricciones para que emigrados cubanos envíen remesas y paquetes a sus familiares, Washington impuso sanciones a compañías y ciudadanos norteamericanos que violan el bloqueo.
En el bienio 2004-2006, más de 800 personas fueron punidas por viajar ilegalmente a Cuba -de ese total 487 sólo en 2005- y 85 compañías fueron sancionadas.
La administración Bush intensificó la persecución contra las transacciones comerciales y financieras de Cuba en el extranjero, al punto de establecer un Grupo de Identificación de Activos Cubanos para investigar las vías por las que entran y salen las divisas.
Hasta ahora 15 empresas con intereses cubanos radicadas en terceros países han sido sometidas a la aplicación del bloqueo, y en el caso de filiares norteamericanas se contempla también el enjuiciamiento penal.
La prohibición de ventas de equipos médicos destinados a programas para extranjeros en gran escala constituye otra acción para afectar la cooperación de la isla con naciones necesitadas mediante la Operación Milagro, para curar problemas visuales, y otros proyectos.
El cerco económico mostró su obsesión anticubana con la creación de una denominada Fuerza de Tarea Interagencia del Níquel Cubano, cuya finalidad es impedir las ventas nacionales de ese mineral en el mundo.
Ante esos hechos, La Habana insiste en que lo que Washington se ufana en llamar "embargo" constituye una verdadera guerra económica, un acto de genocidio unilateral y extraterritorial que pretende mutilar toda posibilidad de desarrollo de un Estado soberano.
