Por
Sergio I. Rivero Carrasco
Desde el inicio de las luchas por la independencia en
1868, han sido siete las constituciones redactadas y aprobadas. Hoy volvemos a “Jimaguayú” a la cercana distancia
de 124 años, precisamente en un momento que el país continúa actualizando sus
normas jurídicas después de aprobar la nueva Carta Magna el 24 de febrero del
presente año. Fue la Constitución de Jimaguayú la tercera de la República
de Cuba en Armas después de la de Guáimaro en 1868 y Baraguá en 1878. Esa extensa y rica historia
constitucional ha distinguido a Cuba y resalta por su valioso contenido, en cuanto
a la intención de organizar con forma jurídica este país en diferentes momentos
cruciales de su historia.
La
Asamblea Constituyente sesionó entre el 13 y el 18 de septiembre de 1895 en el poblado
de Jimaguayú, sitio donde cayó el Mayor
General del Ejército Libertador Ignacio Agramonte Loynaz en 1873, promovida en ese lugar por la idea del
Generalísimo Máximo Gómez como justo homenaje al Bayardo camagüeyano, también participante
en la elaboración de la Constitución de Guáimaro. La Asamblea tuvo a su cargo
la responsabilidad de constituir un Gobierno Provisional para Cuba que asumiría
la conducción y destino de la Guerra necesaria, como la calificó Martí, por la
independencia del colonialismo español confiando en la integridad de sus jefes
militares para mantener el precepto martiano de “con todos y para el bien de
todos”.
Este
cónclave realizado aún bajo los efectos de la falta de unidad y del caudillismo
que llevaron, entre otros, al fracaso de la Guerra Grande, estaba llamado a
reorganizar el movimiento independentista, elegir el gobierno de la República
en Armas y disponer de una Carta Magna que marcara los rumbos de la lucha. Para
ello se presentan tres proyectos acerca de la organización del gobierno de la
República en Armas: uno con la tesis de Maceo, a favor de la centralización de
poderes en los jefes militares; otro influenciado por el pensamiento martiano,
que defendía la separación de funciones y el otorgamiento de amplias facultades
tanto para el gobierno civil como para el ejército; y una tercera propuesta,
que estaba influenciada por el espíritu de Guáimaro.
Los
delegados asistentes en representación de las tres zonas en guerra: Las Villas,
Camagüey y Oriente, finalmente acordaron establecer un Consejo de Gobierno, con
facultades legislativas y ejecutivas, y un mando militar, con un general en
jefe a la cabeza, en apariencia independiente del poder civil, que no debía
interceder en las operaciones militares. El 16
de septiembre se proclama la Constitución de Jimaguayú y el 18 la
Asamblea Constituyente integrada por 20 miembros, eligen a Salvador Cisneros
Betancourt y a Bartolomé Masó como presidente y vicepresidente del Consejo de
Gobierno, en ese orden; Máximo Gómez y Antonio Maceo fueron ratificados en sus
cargos de General en Jefe del Ejército Libertador y lugarteniente general,
respectivamente.
La nueva Carta Magna
aprobada por la Asamblea recogió los principios esenciales del independentismo
cubano y reflejó las necesidades de una
guerra anticolonial, considerando que más del 80 por ciento de los
participantes eran jóvenes con marcado sentimiento independentista de la Metrópolis
española. Hubo consenso en que ella
tuviera una vigencia de dos años, y por ello, sesionó la Asamblea de La
Yaya en 1897, lo cual sitúa a este cuerpo legislativo en un nivel más alto que
Guáimaro, demostrando la necesidad de instituicionalizar un proceso
revolucionario que debía extenderse hasta Occidente mediante la Invasión, y que
lo hizo estimulado por las emocionantes notas del Himno Invasor, fruto de la
creación de Enrique Loynaz del Castillo.
Esta norma jurídica por su
esencia, concepción, actualización y trascendencia, aunque no logró exactamente
estar en correspondencia con la idea y el pensamiento promovido por Martí antes de su muerte,
constituye una importante declaración de principios y compromiso con la
independencia nacional.
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