Tomado de Prensa LatinaLa reciente decisión de la Corte Suprema de censurar los tribunales militares patrocinados por el presidente George W. Bush, coloca hoy a la Casa Blanca frente a dos alternativas, ambas riesgosas.
Luego de los ataques terroristas a Nueva York y Washington en 2001, estos jurados especiales fueron instaurados por el Pentágono con la intención de juzgar a individuos que el gobierno estadounidense tilda de "combatientes enemigos".
Bajo ese término y desde hace unos cinco años, la administración Bush mantiene retenidos -sin declaración de cargos, ni juicios previos- a unos 450 ciudadanos de 30 países en la prisión ilegalmente instalada en Guantánamo, al oriente de Cuba.
El Tribunal Supremo fustigó a Bush la pasada semana por haberse excedido en sus atribuciones en tiempos de guerra, un fallo que representa el mayor revés político contra la pregonada cruzada antiterrorista del Ejecutivo tejano.
Ahora la Oficina Oval tiene dos opciones. Una es utilizar la mayoría republicana en ambas cámaras legislativas para forzar una certificación de los controvertidos tribunales. Pero tal enmienda puede ser nuevamente anulada por la Corte.
La otra disyuntiva es aceptar el camino sugerido por el máximo órgano de justicia, y convocar sistemas procesales que cumplan con el Código Militar norteamericano y las Convenciones de Ginebra.
En este último caso, el gabinete de Bush sabe que el riesgo es aún mayor. Los encerrados en la cárcel de Guantánamo, los presuntos terroristas de Washington, podrían entonces ser declarados inocentes.
De cualquier manera, consideran analistas, ambas alternativas o una fórmula intermedia generarían un prolongado y fatigoso debate en el Senado, y por ende, demasiada mala publicidad para el alicaído gobierno federal.
Por lo pronto, el senador demócrata Charles Schumer pidió una revisión completa de los programas antiterroristas nacionales, y el establecimiento de una comisión independiente para supervisar las funciones del primer mandatario.
La administración Bush no sólo ha ignorado al Congreso, además menospreció la autoridad y la evaluación de la Corte Suprema de Justicia, subrayó el legislador neoyorquino en una carta remitida al fiscal general, Alberto Gonzáles.
Incluso el senador Mitch McConnell, republicano por el estado de Kentucky, admitió que la ley internacional también tiene jurisdicción en el gobierno de Bush, y que el arbitrio del magno tribunal "es un dictamen perturbador".
En rigor, la Corte se limitó a responder a una demanda planteada por la defensa del ciudadano yemenita Salim Ahmed Hamdan, uno de los presos en la base militar antillana y considerado ex chofer de Osama Bin Laden.
Hamdan reclamó que se declarasen anticonstitucionales los tribunales de guerra creados por Washington específicamente para los prisioneros en la cárcel estadounidense.
La resolución fue revalidada por el Tribunal Supremo con cinco votos a favor y tres en contra, y exhorta al Departamento de Defensa a organizar un nuevo esquema judicial para los cientos de detenidos en la penitenciaría de Guantánamo.
