Un año después del fallo de la Corte de Apelaciones de Atlanta que anuló el juicio y las condenas a cinco antiterroristas cubanos, el gobierno de Estados Unidos sigue negándose a ponerlos en libertad.
El 9 de agosto del 2005 los magistrados de esa instancia difundieron una decisión unánime en relación al caso de Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González.
A la luz de todos los argumentos expuestos, las condenas de los acusados son revocadas, dijeron en sus conclusiones, que recogidas en un fallo de 93 páginas fueron consideradas por centros de estudios superiores norteamericanos como importante material de estudio.
Ese debió ser el colofón de un controvertido proceso durante el cual se pretendió probar sin éxito que los cinco cubanos eran culpables de espionaje y en el caso de uno de ellos, Gerardo Hernández, de asesinato premeditado.
El fallo de la Corte de Atlanta, producto de una apelación contra las injustas condenas a quienes solo pretendían reunir información sobre los planes terroristas de grupos anticubanos enclavados en Miami, se sustentó en aspectos muy trascendentes.
Así, reconoció que la celebración en Miami del juicio a los Cinco, como se les conoce internacionalmente, vulneró todos sus derechos y en consecuencia impidió un proceso justo por desarrollarse en un ambiente hostil para Cuba y los acusados.
Igualmente, que el jurado fue seleccionado entre una comunidad donde pululan grupos de extremistas anticubanos algunos de cuyos miembros, plenamente identificados, se entrenan en polígonos militares para eventuales agresiones a la isla.
El documento calificó a estos últimos como responsables de múltiples acciones terroristas contra Cuba y mencionó entre ellos a Luis Posada Carriles por su "larga historia de actos violentos contra Cuba".
También enumeró las abundantes ocupaciones de armas que se le han practicado a tales sujetos, cuyo confeso fin era y es atacar a la isla.
El fallo de la Corte de Atlanta, incluso, se refirió a las "afirmaciones, insinuaciones y sugerencias inapropiadas" de la Fiscalía durante las sesiones del juicio, con el objetivo de exacerbar prejuicios y pasiones en el jurado.
La obligación del fiscal incluye el deber de abstenerse de utilizar métodos impropios calculados para dar lugar a un fallo condenatorio incorrecto, aseveró.
Tan sólidos argumentos sirvieron de base para la anulación del juicio, en un fallo hecho público nada menos que siete años después de la detención irregular de los acusados.
El arbitrario proceso a los Cinco también fue fuertemente censurada por organizaciones internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Ese órgano declaró ilegales y arbitrarios tanto la detención como el confinamiento en solitario a que fueron sometidos los jóvenes durante 17 y el juicio que se les siguió en Miami.
Al cumplirse un año de tan contundentes veredictos, el gobierno de Estados Unidos continúa prestándole oídos sordos, junto al clamor de decenas de miles de personas en todo el mundo amantes de la justicia y comprometidas con la verdadera lucha contra el terrorismo.
