( El usurpador Micheletti, levanta la mano del general Romeo Vázquez, el nuevo dictador. Ambos son los pricipales responsables del pinochetista golpe militar en Honduras)
- Por falsificación de documentos públicos, terrorismo, detención ilegal, rebelión, abuso de autoridad, traición a la patria y allanamiento de morada fueron denunciados Micheletti y Romeo Vásquez.
- Esta es una nota periodística del departamento de Divulgación y Prensa del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Reenvíala a tus contactos.
Tegucigalpa.- (martes 30 de junio de 2009).- Por la comisión de los delitos contra la forma de gobierno, falsificación de documentos públicos, terrorismo, detención ilegal, rebelión, abuso de autoridad, traición a la patria y allanamiento de morada han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República el Presidente Roberto Micheletti, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez. Además de ellos, han sido denunciados, José Alfredo Saavedra, presidente del Congreso Nacional y los diputados, Ramón Velásquez Nazar, Juan Orlando Hernández, Toribio Aguilera, Martha Lorena Alvarado y todos los demás diputados y diputadas que participaron y aprobaron la resolución o decreto mediante la cual se destituyó al ciudadano Manuel Zelaya Rosales de su condición de Presidente Constitucional de la República.
Asimismo fueron denunciados los oficiales del alto mando, Miguel García Padgett, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez y Luis Javier Prince, miembros del Estado Mayor Conjunto de las FFAA.La denuncia fue interpuesta por los fiscales Víctor Fernández y Jari Dixon, el juez Guillermo López Lone de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), la magistrada Tirza Flores, la abogada Claudia Hermandorfer del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva.Y por las ciudadanas y ciudadanos Foad Alejandro Castillo, Marco Tulio Padilla Mendoza, Hermes Aníbal Reyes Navarrete, María del Rosario Roiz Andino, Myrna Isabel Mejía, Lidia Cálix y Marcela Guzmán Melghem.La denuncia de los ciudadanos y ciudadanas establece que “los bienes jurídicos quebrantados son la existencia y la seguridad del Estado, la seguridad interior del Estado de Honduras, la libertad y la dignidad de las personas y de la patria”.
Cabe señalar que las instalaciones del Ministerio Público permanecen fuertemente custodiadas por efectivos militares, al igual que el resto de instituciones estatales del país. Alrededor del mediodía y luego de presentar la denuncia ante el Fiscal General Luis Alberto Rubí, la abogada Claudia Hermannsdorfer del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) expresó que el Fiscal General “va a conocer la denuncia, que le va a dar el trámite más rápido posible, como le ha dado trámite a las otras denuncias que ha recibido en éstos días y que va a proceder conforme a derecho; estamos esperando que proceda”. Si el Fiscal General, Luis Alberto Rubí “va a actuar, tiene que actuar en igualdad de condiciones y tiene que actuar tan rápidamente como actuó en los otros casos”.
Se conoció a través de un fiscal que pidió el anonimato que la Fiscalía contra la Corrupción estaba preparando requerimientos con fechas anteriores a la de este día, para que en los tribunales de justicia se libraran órdenes de captura contra el presidente Manuel Zelaya y su gabinete.
Consultada por la prensa nacional en torno a la pretensión de la denuncia, Hermansdorfer sostuvo que queremos “que se restituya en el país la institucionalidad y el estado de derecho, y el estado de derecho significa que se reinstale al presidente electo por el pueblo de Honduras, para que cumpla su período”.
Por su parte la magistrada Tirza Flores sostuvo que el presidente de la República Manuel Zelaya Rosales “en ningún momento debió ser objeto de los hechos que han sido ejecutados tanto por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas como por los diputados al Congreso Nacional, ellos han roto la institucionalidad y en nombre de la legalidad, dicen ellos, entre comillas, que han realizado acciones que nosotros consideramos que son delitos”. Flores añadió que “tenemos la palabra del Fiscal General y del Fiscal Adjunto que van a proceder a la investigación de estos actos de una manera imparcial y con la celeridad del caso.
Creemos que esta es una prueba a la institucionalidad del país porque yo, repito, no estamos defendiendo al presidente constitucional de la República, estamos defendiendo la institucionalidad y la democracia de nuestro país”. “Si el presidente incurrió en ilícitos penales, no debió ser objeto de una expatriación como ha sido en este momento. El artículo 81 y 102 de la Constitución garantizan el derecho, a todos los ciudadanos y ciudadanas de residir libremente en el territorio nacional y de no ser objetos de una expatriación ilegal como lo fue Manuel Zelaya Rosales”, recalcó la jueza.
El domingo 28 de junio de 2009, alrededor de las 5:00 de la mañana, en la colonia 3 Caminos de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, con instrucciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Un contingente de militares ingresó violentamente a la residencia del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales con el fin de darle captura, acción en la cual se produjo un enfrentamiento con armas de fuego entre los agresores y efectivos de la Guardia de Honor Presidencial, los cuales al final fueron reducidos a la impotencia.
Posterior a la captura de Manuel Zelaya Rosales, el presidente fue trasladado a la Base Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña y luego puesto en un avión que lo trasladó a San José de Costa Rica. Ese mismo día la corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que reseñaba la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en la que ordenaba la suspensión de la encuesta de opinión denominada “cuarta urna” y el decomiso de las urnas, papeletas y todo el material relacionado con la llamada consulta popular.
Los denunciantes señalan que dicho juzgado no tiene facultades para decretar la detención de ninguna persona, por lo que la captura del presidente Manuel Zelaya Rosales se produjo sin la orden respectiva que en todo caso debió ser producto de un proceso bien definido por el Código Procesal Penal en sus artículos 417 y siguientes. Y sin lugar a dudas, la detención justificada de cualquier persona en la República de Honduras, implica su puesta a disposición de las autoridades competentes, lo que en este caso, claramente no sucedió.
Fuente: www.kaosenlared.net/noticia/micheletti-diputados-jefes-militares-habrian-incurrido-menos-8-delitos
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