The Nation
El sitio WikiLeaks publicó un comunicado para
anunciar que su fundador, Julian Assange, había
contratado al célebre magistrado internacional en
derechos humanos, el juez español Baltasar Garzón,
para liderar su defensa contra la extradición a
Suecia. Garzón, que pasó más de un año, a fines de la década
de 1990, intentando obtener la extradición del general Augusto
Pinochet de Inglaterra a España por delitos de lesa
humanidad, publicó un comunicado en el que calificó
las acusaciones contra Assange de supuesto abuso
sexual como “arbitrarias y carentes de fundamentos”, y
declaró: “Hay una clara intencionalidad política
detrás de este juicio, lo cual explica su situación
actual”. Garzón se reunió recientemente con Assange
en la Embajada de Ecuador en Londres, donde espera
que el gobierno de Rafael Correa se decida a darle asilo.
Precisamente, a fines de junio, la cara visible de
WikiLeaks ingresó en ese edificio diplomático buscando refugio
para evitar su extradición a Suecia, donde lo acusan por un
supuesto abuso sexual. Si el gobierno de Correa acepta
su pedido -una cuestión que todavía no se había
decidido al cierre de esta edición-, Assange se
convertirá en residente de América Latina, donde el
tesoro de cables del Departamento de Estado
estadounidense que él diseminó estratégicamente ha
generado cientos de titulares desde México hasta el Cono
Sur.
El “Cablegate” -tal como fueron denominadas las
revelaciones- tuvo un grado de impacto diferente en cada
nación latinoamericana, en áreas como la política, los medios
y el debate público sobre la transparencia y la
responsabilidad gubernamental. En dos países forzó la partida
del embajador estadounidense; en otro, ayudó a cambiar
el curso de una elección presidencial. En algunos
países, los documentos revelaron el nivel de la
influencia norteamericana en los asuntos internos; en
otros, detallaron actividades criminales y
corrupción en los países huéspedes. En muchas
naciones, los cables revelaron el desfile de la elite
política, cultural y hasta mediática que divulgó información
-o chismes- a los funcionarios de la Embajada norteamericana
sin sospechar jamás que sus diálogos se volverían
titulares de los diarios.
Estados Unidos fue agasajado con una lección de
educación cívica en el arte de la delación. Y los
ciudadanos estadounidenses también observaron el abismo de
nuestros lazos regionales y bilaterales. Un año después,
cuando las aguas del fenómeno WikiLeaks se han aquietado en
América Latina, parece adecuado evaluar -centrando la
atención en las experiencias de Brasil, México y
Colombia- qué consecuencias dejó la mayor filtración
de documentos estadounidenses de la historia.
Efecto mariposa
Aunque al principio Assange ofreció los cables a
cuatro grandes agencias de noticias europeas, siempre
intentó distribuir los documentos más allá de los organismos
de noticias del norte. América Latina era la región perfecta
para generar conmoción con los cables. Históricamente,
el “Coloso del norte” ha ejercido una imperiosa -si
no imperial-influencia económica, militar y política
en su “patio trasero”. Ese pasado intervencionista
creó el deseo de obtener revelaciones sobre las
verdades ocultas de las políticas y las operaciones
estadounidenses.
La década cubierta por la mayoría de los cables,
de 2000 a 2010, también abarcó grandes cambios en la
región y en la relación entre Estados Unidos y
América Latina: el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela y el
renacimiento de la izquierda populista; la llegada del Plan
Colombia; la emergencia de Brasil como potencia mundial;
la disputada elección de 2006 en México; la
transferencia del poder de Fidel a Raúl Castro en
Cuba; y el golpe en Honduras, de junio de 2009.
Además, un creciente número de naciones aprobó leyes
de libertad de expresión, reflejando el interés
popular del acceso a los documentos oficiales y el derecho a
saber que Assange deseaba promover. Como explicó en una
entrevista con la revista Semana en Bogotá, WikiLeaks es una
“organización que se opone al abuso del secreto por
parte de los gobiernos”.
En noviembre de 2010, Assange invitó a varios
periodistas, como la brasileña Natalia Viana, para ir a
Londres y trabajar en un plan de diseminación regional.
WikiLeaks seleccionó medios de comunicación de casi todos los
países latinoamericanos: La Jornada en México, Página/12
en la Argentina, El Comercio y luego IDL-Reporteros
en Perú, el diario El Espectador y la revista Semana
en Colombia, El Faro en El Salvador y CIPER, el
centro de periodismo de investigación de Internet en
Chile, entre otros.
Los periodistas de cada grupo mediático fueron
invitados a encuentros furtivos en Londres. En la
sede de WikiLeaks, les dieron un pendrive con
archivos encriptados; cuando volvieron sanos y salvos
a sus países, recibieron un código para desencriptar
la colección. “No lo podía creer”, recuerda Santiago
O’Donnell, editor de la sección de internacionales de
Página/12. “Eran 2.500 cables desde y para la Embajada de
Estados Unidos en Buenos Aires, todos organizados en una hoja
de cálculo de Excel”.
De los 250 mil cables diplomáticos que
Bradley Manning, la fuente de WikiLeaks, descargó de la
base militar de Estados Unidos en Iraq, unos 30.386 viajaron
hacia o desde embajadas y consulados en América Latina. Más
de la mitad eran cables sin clasificar o de
“distribución limitada” y estaban relacionados con
artículos de la prensa local, debates públicos, el
chusmerío de las funciones diplomáticas y la rutina
de los asuntos consulares. La mayoría de los cables,
advierte Carlos Eduardo Huertas, en su artículo sobre
Colombia, “revelaba cómo el cuerpo diplomático
estadounidense lidiaba con las misiones oficiales”.
Pero casi 900 cables estaban clasificados como
“secretos”, y otros diez mil, como “confidenciales”.
Muchos de ellos revelaban políticas, operaciones,
fuentes y evaluaciones que encresparon, al menos
temporalmente, las relaciones bilaterales de Estados
Unidos con varios países latinoamericanos.
En México, como informa Blanche Petrich Moreno, la
crítica del embajador estadounidense Carlos Pascual
sobre la falta de acción del ejército mexicano que contaba con
inteligencia provista por Estados Unidos para perseguir a los
líderes del narcotráfico resultó políticamente
embarazosa para el presidente Felipe Calderón. Los
artículos de La Jornada sobre la crítica sin reservas
del embajador generaron una ruptura de las
relaciones entre México y Estados Unidos. En marzo de
2011, Pascual se vio forzado a renunciar.
En Ecuador, el presidente Correa expulsó a la
embajadora Heather Hodges luego de que la prensa
informara sobre un cable secreto que revocaba la visa
estadounidense del ex jefe de la Policía Nacional
Aquilino Hurtado, quien “había usado su cargo… para
extorsionar y acumular dinero y propiedades, malversar fondos
públicos, facilitar el tráfico de personas y obstruir la
investigación y el juicio de colegas corruptos”. Algunos
funcionarios de la embajada, según el cable, “creen que
Correa era consciente” de la corrupción de Hurtado,
pero igualmente lo designó porque quería un jefe de
la Policía Nacional “a quien pudiera manipular
fácilmente”.
A pesar del escándalo, cuando los periodistas
latinoamericanos examinaron los cables, descubrieron
un cuadro más matizado que el que esperaban sobre el
papel de Estados Unidos en la región. Por definición
burocrática, los archivos del Departamento de Estado son los
documentos menos escandalosos de la política exterior
estadounidense. El lado oscuro de la política norteamericana
se encuentra en otros sitios, como en los archivos
secretos de la Agencia Antidroga de Estados Unidos
(DEA, según sus siglas en inglés), el Departamento de
Defensa y la CIA.
Los documentos de la diplomacia estadounidense
revelaron que los funcionarios tenían instrucciones
de asistir a los “analistas de Washington”
-aparentemente un eufemismo de la CIA- reuniendo
inteligencia sobre la Presidenta de la Argentina,
Cristina Kirchner, incluyendo su “estado mental” y los tipos
de medicación que tomaba para manejar “sus nervios y su
ansiedad”. Y había otras revelaciones insidiosas relacionadas
con el espionaje. En Bolivia, el gobierno de Evo
Morales expulsó a treinta funcionarios de la DEA
acusados de espionaje y luego la Embajada
norteamericana en Brasilia, informa Viana, presionó
al ministro de Exterior brasileño para transferirlos
al país. En Venezuela, según Huertas, los funcionarios
consulares estadounidenses contrataron a una fuente clave para
obtener inteligencia económica sobre los programas de
Chávez.
Pero los cables también ofrecían información menos
siniestra, y también menos útil. En Honduras, los envíos
secretos tras el golpe de Estado dejaron claro que Washington
no fomentó el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya,
aunque luego los funcionarios estadounidenses lo
consintieron. “Las acciones tomadas para desplazar al
mandatario fueron claramente ilegales”, informó el
embajador norteamericano Hugo Llorens en un cable
titulado “Cronología del golpe de Estado en
Honduras”.
Desde La Habana, donde las relaciones de Estados
Unidos con el gobierno de Raúl Castro siguen siendo
hostiles, la Sección de Intereses norteamericanos envió
frecuentemente cables sobre el deseo de Cuba de expandir las
áreas de diálogo y acercamiento. Un cable de marzo de 2009
titulado “Mantén a tus amigos cerca, pero a Cuba aún
más” cita a un funcionario cubano que le dice a un
par estadounidense que las negociaciones “tenían que
comenzar en algún lugar”. Luego le señalaron al
funcionario norteamericano que “el presidente cubano
se ofreció a hablar con Barack Obama en un lugar
neutral”. La Bahía de Guantánamo, sugirió la parte
cubana, “es un buen sitio” para reunirse.
América Latina develada
De los cables de Cuba, se puede determinar tanto
el pensamiento del gobierno de Raúl Castro como, en
igual medida, la política estadounidense al respecto.
Y eso puede aplicarse en general a toda la región. En América
Latina, donde la desclasificación de las deliberaciones
internas gubernamentales está severamente limitada, los
cables de WikiLeaks ofrecen información detallada
sobre conversaciones oficiales, reuniones, planes de
seguridad nacional, políticas sociales, exteriores,
económicas y más.
Los lectores en la Argentina, por ejemplo, pueden
seguir el debate dentro de la administración de Cristina sobre
la despenalización del consumo de marihuana. Los hondureños
pueden escuchar cómo se complotaron los generales y
políticos que derrocaron a Zelaya para consolidar sus
poderes tras el golpe. Los chilenos pueden entender
mejor por qué su gobierno altera los códigos de la
construcción de plantas termonucleares a instancias
de las corporaciones extranjeras.
La habilidad de la Embajada estadounidense para
enviar extensos informes sobre el funcionamiento interno
de esos gobiernos está vinculada estrechamente con la calidad
y las conexiones de sus fuentes locales. En la región, los
embajadores crearon un auténtico quién es quién en la
sociedad latinoamericana. Ministros, senadores,
diputados, curas, empresarios, jueces y hasta algunos
periodistas compartieron información sobre
cuestiones de Estado en diálogos sin reservas con los
embajadores norteamericanos dentro de los seguros
confines de los cuerpos diplomáticos. Pero WikiLeaks
expuso sus identidades y sus palabras.
En Brasil, los cables informaron que el ministro
de Defensa menospreciaba incansablemente al canciller
como antiestadounidense. En la Argentina, los cables
revelaron que el ex jefe de Gabinete Sergio Massa
calificó al ex presidente Kirchner como “perverso”,
“cobarde” y “psicópata”. En Perú, los fujimoristas
-aduladores políticos del depuesto presidente Alberto
Fujimori, incluyendo a su hija Keiko, quien estuvo cerca de
ganar la presidencia el año pasado- acudieron a la embajada
para compartir sus estrategias para hacerlo retornar al
poder. Sus reveladoras conversaciones, publicadas por
el grupo de investigación peruano IDL-Reporteros
durante la campaña electoral de 2011, resquebrajaron
las afirmaciones de independencia con las que Keiko
se diferenciaba de su padre caído en desgracia y
ayudaron a volcar la balanza a favor del candidato
populista, el actual presidente Ollanta Humala.
Pero esa noticia tal vez nunca haya llegado al
público peruano porque, inicialmente, WikiLeaks ofreció los
cables peruanos solamente al periódico El Comercio, de fuerte
filiación con Fujimori y cuyos editores se resistieron a
publicar artículos que dañaran la imagen de Keiko.
La autocensura política se expandió por toda la
región. El impacto a largo plazo del “Cablegate” en
América Latina, como señala el experimentado
periodista O’Donnell a The Nation, “es una pérdida de
credibilidad para los medios de noticias
tradicionales y una creciente importancia de los medios
sociales, alternativos y ciudadanos, como lo refleja
dramáticamente el fenómeno WikiLeaks”.
Aun así, la información es poder. Tal como
reflejan los hechos del fenómeno WikiLeaks en Brasil,
México y Colombia, la publicación del intercambio de
cables ha generado escándalos, estimulado debates y
expuesto la conducta (y a veces la mala conducta),
las políticas y las estructuras de poder de los
gobiernos en toda América. Desde Estados Unidos hasta la
Argentina, las comunidades han logrado una mejor comprensión
de las acciones que toman nuestros gobiernos en nuestra
representación, pero también muy frecuentemente sin que
lo sepamos. Lo que hagamos los ciudadanos del
hemisferio occidental con ese poder será el legado
final de la experiencia de WikiLeaks.
Traducción: Ignacio Mackinze
Fuente original: The Nation
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